Arranca el juicio de los sobresueldos de Castro con la ausencia de una acusada y el archivo de la causa para otro

Algunas defensas piden que se suspenda el procedimiento por la demora del fiscal en presentar su escrito, cuestión que la jueza resolverá el martes

El juicio por el caso de los sobresueldos de Castro Urdiales ha arrancado este lunes con una sesión marcada por la ausencia de una de las exconcejalas acusadas, Elisa Dopico, y por el archivo de la causa para el funcionario Pedro Luis Arroyuelos debido a que padece un deterioro cognitivo. Con ello, han pasado de 14 a 13 los imputados en este proceso, que se enfrentan a delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación y entre los que figuran ocho exediles y los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza.

Además, en esta primera sesión, en la que las partes han expuesto las cuestiones previas en la Audiencia Provincial de Cantabria, varias defensas han pedido la suspensión del juicio, que se remonta a hechos que ocurrieron entre 1991 y 2011. Por un lado por la incomparecencia de Dopico, que causaría una «indefensión» para sí misma y para el resto –«no se puede juzgar si no está presente uno de los acusados», han subrayado–, y por otro por la dilación de la Fiscalía en presentar su escrito de acusación al haber tardado «cinco años», aunque el fiscal ha sostenido que esa afirmación «no se ajusta a la realidad».

Tras un receso de media hora para deliberar sobre ésta y otras peticiones formuladas por los diferentes letrados, la Sala ha decidido finalmente aplazar al próximo martes 19 su decisión, con lo que la segunda sesión convocada para ese día para que comparezcan los primeros testigos se adelanta de las 9.30 a las 9.10 horas.

En total, están previstas 16 sesiones en este juicio para aclarar las supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como el pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.

El aplazamiento de la resolución de las cuestiones previas al martes se ha producido debido a que la Sala también considera que se podría producir «una indefensión» para Elisa Dopico al no estar presente. Así, después de que su abogado haya señalado que no ha acudido este lunes por un motivo médico puntual que va a justificar, la exconcejala será citada por la Guardia Civil para que acuda a la siguiente sesión, y se tomarán las medidas oportunas en el caso de que se ausente de nuevo –el fiscal ha apuntado, antes de conocer por qué no se ha presentado, a una posible orden de búsqueda y captura–.

Dopico, al igual que el resto de los concejales imputados, se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y 18 de inhabilitación por apoyar los presupuestos en 2008 y 2009 obviando los reparos del interventor municipal que advertían de distintos pagos ilegales, según la Fiscalía, que para los exalcaldes solicita nueve años de prisión y 27 de inhabilitación.

Lo que sí ha resuelto este lunes la jueza es estimar el archivo de la causa para Pedro Luis Arroyuelos –funcionario al que se acusaba de cobrar un complemento personal transitorio sin motivo– tal y como pedía su defensa, porque está «acreditada» su situación de deterioro cognitivo moderado.

PENDIENTE EL ARCHIVO PARA RUFINO DÍAZ

Por ese mismo motivo también ha pedido el archivo el exalcalde Rufino Díaz Helguera, pero en su caso se ha acordado que acuda a un médico forense para que lo valore y mientras tanto tendrá que acudir al juicio. Y es que, como ha explicado su letrado –que ha señalado que el exregidor también padece un deterioro–, la solicitud se ha remitido «con carácter muy tardío» y no ha dado tiempo a cumplirla.

Otra de las peticiones han formulado esta mañana los abogados es que los acusados solo tengan que acudir a las sesiones estrictamente necesarias –su declaración y última palabra–, asunto al que la Sala también dará respuesta el martes.

En concreto, están procesados en esta causa los exconcejales José Miguel Rodríguez KyK , Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández e Iván González, que también fue alcalde pero posteriormente a los hechos, a partir de 2011.

Los otros dos procesados son los que fueron alcaldes de 1991 a 2011, Rufino Díaz y Fernando Muguruza; el entonces secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, por no abstenerse en la contratación de su hija por parte del Ayuntamiento; y el funcionario Gregorio Alonso que presuntamente cobró un complemento personal transitorio.

EL ESCRITO DEL FISCAL, UN «TOTUM REVOLUTUM»

Algunos de sus abogados han pedido que se archive este procedimiento por la tardanza del fiscal en presentar su escrito, ya que han señalado que el auto de transformación del procedimiento abreviado –que cierra la instrucción– es de junio 2015 y el escrito de acusación de agosto 2020.

Dado que «no es un retraso de unos días ni meses» y que no lo justifica «ni la carga de trabajo ni el déficit estructural que tiene la Administración de Justicia en España», creen que para compensarlo «no basta con una reparación moral» como puede ser una rebaja de la pena en caso de condena, sino que han defendido que «unas dilaciones de esta naturaleza deben llevar una consecuencia inmediata, que es la nulidad de auto de apertura del juicio oral y por tanto el archivo del procedimiento».

Además, han apuntado que el escrito de acusación es «totalmente extemporáneo» y un «totum revolutum».

El fiscal, por su parte, ha asegurado que esos cinco años que aducen «no son tal» y «faltan a la verdad» debido a que en ese tiempo había resoluciones y recursos pendientes, además de la necesidad de analizar «18 tomos» acerca del caso.

También ha asegurado que «no hay ningún totum revolutum», sino que el texto «viene a explicar más aún» el entramado. «En 48 foliios se relatan uno tras otro los hechos», ha sentenciado.

Según el escrito de la Fiscalía, el que fuera alcalde de Castro Urdiales entre los años 1991 y 2003, Rufino Díaz Helguera, contrató «a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento» y colocó «en puestos esenciales y especialmente sensibles en la administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia».

Posteriormente, su sucesor en el cargo, en 2003, Fernando Muguruza, «mantuvo las contrataciones ilegales previas y realizó otras sin proceso selectivo alguno», y «extendió la contratación totalmente arbitraria a la residencia municipal y al servicio de extinción de incendios».

En otras ocasiones, añade el fiscal, se colocó a funcionarios que no tenían la titulación adecuada en puestos de categoría superior.

En definitiva, señala que el Ayuntamiento de Castro Urdiales abonó de forma ilegal 120.000 euros en partidas con conceptos como bolsa de Navidad entre 2002 y 2009; otros 110.000 euros por el Coso Blanco entre 2000 y 2010; y 1,9 millones de euros en concepto de productividad tanto al personal funcionario como laboral entre 2000 y 2010.

Mientras, los concejales procesados votaron a favor de la aprobación de los presupuestos municipales de 2008 y 2009 pese a los reparos del interventor en torno a estas partidas.

Además, se acusa al que fuera secretario municipal por intervenir en la contratación de su hija por parte del Consistorio obviando su obligación legal de abstenerse.