Argentina retira su apoyo a la demanda contra Venezuela ante el TPI por presuntos crímenes de lesa humanidad

Guaidó condena la decisión de Argentina y cuestiona a Alberto Fernández si «considera que hay justicia en Venezuela»

El Gobierno de Maduro celebra y dice que la desvinculación de Argentina de la demanda «tiene un valor simbólico importante»

Argentina ha retirado su apoyo a la demanda presentada por el Grupo de Lima contra Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, una decisión que el Gobierno de Nicolás Maduro ha agradecido y la oposición ha condenado.

El Gobierno argentino dejó de respaldar esta demanda el 25 de marzo de este año, un día después de oficializar su salida del Grupo de Lima, una alianza regional crítica con el Ejecutivo de Maduro, si bien la noticia ha trascendido ahora.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Alberto Fernández ha confirmado su desvinculación de la acusación que se presentó en 2018 ante el TPI y la ha calificado como una «consecuencia de la decisión política» de apartarse del grupo, informa el medio argentino La Nación .

El Ejecutivo argentino envió una carta a la sede del TPI en La Haya pidiendo la retirada de todas las gestiones iniciadas por Argentina contra Venezuela y subrayando que su falta de respaldo de la demanda es «sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación en Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial».

Bajo el mandato de Mauricio Macri, Argentina presentó en 2018 junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú –integrantes del Grupo de Lima– y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un pedido al TPI para que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, recoge Clarín .

Argentina adjuntó en la demanda denuncias de inmigrantes venezolanos en su territorio, mientras la solicitud judicial incluía informes sobre torturas, detenciones arbitrarias en protestas o procesos extrajudiciales en el país. La investigación del TPI respecto a esta demanda continúa pese a la retirada del apoyo del Ejecutivo de Fernández.

VENEZUELA AGRADECE Y LA OPOSICIÓN CONDENA LA DECISIÓN

Tras conocerse la noticia, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha celebrado la decisión del Gobierno argentino y ha aseverado que este se ha retirado «diciendo que no tenía sentido ni asidero esa acción realizada en el pasado por otros funcionarios del Estado Argentino».

«Se retira Argentina de esa denuncia, y eso es muy importante, tiene un valor simbólico importante que tenemos que fijar con mucha atención. Por algo lo hacen», ha agregado, para indicar que «el tema de los Derechos Humanos no puede tener sesgos políticos», informa Venezolana de Televisión.

Por su parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó ha condenado la decisión y ha cuestionado al Gobierno de Alberto Fernández si «considera que hay justicia en Venezuela, que las víctimas están protegidas, que está garantizado que no vuelvan a ocurrir atrocidades».

Así lo ha expresado a través de su perfil de Twitter en una publicación en la que ha mencionado a Fernández y en la que ha añadido que «la impunidad elimina la justicia, pero en este caso pone en peligro a la región y a la democracia en sí misma».

«Por lo que luchamos los venezolanos es por recuperar la democracia y el respeto a la dignidad del ser humano. No esperamos menos de los demócratas del mundo», ha concluido el líder opositor venezolano.

Mientras tanto, en Argentina la oposición al Ejecutivo de Fernández ha demandado al ministro de Exteriores, Felipe Solá, que explique en la Cámara Baja las razones de la retirada de la demanda ante el TPI.

«Frente a esta clara maniobra política a favor de la dictadura venezolana los diputados de Juntos por el Cambio citan al ministro Felipe Solá al Congreso para que exponga de manera clara la posición de la Argentina frente a la grave situación que atraviesa Venezuela», han demando en un texto los diputados de la mencionada coalición política opositora.