Argentina descarta que el incremento de tensiones en Río Negro sean «ataques terroristas»
Asegura que la Justicia hará rendir cuentas a los responsables
El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, ha rechazado este lunes que el incremento de tensiones en Río Negro, donde se han registrado distintos ataques incendiarios en el marco de la histórica reivindicación territorial de una comunidad mapuche, sean «ataques terroristas», al tiempo que ha asegurado que la Justicia hará rendir cuentas a los responsables.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció a finales de la semana pasada el despliegue de fuerzas de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria en la zona de Río Negro, a petición de la gobernadora, Arabela Carreras.
«Decididamente no es terrorismo, lo quieren enmarcar en una situación de esas características para sacar una ventaja politiquera, pero flaco favor le hacen a la república cuando se discuten cosas fuera de lo serio», ha dicho Fernández en una entrevista radiofónica, recogida por la agencia de noticias Télam.
«Soy respetuoso del pueblo mapuche, que no es el que está detrás de este tema», ha agregado el ministro argentino, que ha apuntado a la presencia de «un grupo que no se sabe ni siquiera si son descendientes del pueblo mapuche, y tienen que ser analizados, investigados y juzgados».
No obstante, ha declinado llamar a los responsables del incremento de las tensiones en Río Negro «delincuentes» y ha insistido en que será la Justicia argentina quien tiene que juzgarlos. «Si la Justicia los encuentra responsables del delito, el día que los tengamos veremos quiénes son y que la Justicia los juzgue y sancione», ha indicado.
La comunidad mapuche Lof Quemquemtrew, ubicada en Río Negro, en el sur del país, ha responsabilizado a las fuerzas de seguridad y han acusado a los agentes de «violentar el territorio y a miembros de la comunidad», en medio de un repunte de las tensiones por la histórica reivindicación territorial.
En las recientes semanas, activistas y miembros de la comunidad han venido denunciado un aumento de la represión por parte de las autoridades provinciales en un intento por arrebatarles el territorio, según ha avisado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
