Arca recurre ante la Audiencia Nacional el estudio informativo para la reordenación ferroviaria de Santander

En su recurso alega que no se han estudiado distintas alternativas, no hay una evaluación adecuada de costes y tampoco una medioambiental

SANTANDER, 25

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el estudio informativo aprobado por Adif para la reordenación del espacio ferroviario en Santander, que afecta al espacio comprendido entre Peñacastillo y Las Estaciones al considerar que la propuesta presentada es «inadecuada y va en contra de las necesidades actuales y de futuro de la ciudad».

En el recurso, presentado a principios de septiembre, Arca argumenta que el estudio informativo aprobado «no reúne el contenido mínimo legalmente establecido» porque, fundamentalmente, «no se han estudiado las distintas alternativas y opciones de diseño».

Así, apunta a que el Reglamento del Sector Ferroviario exige análisis y definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales, de las distintas opciones de diseño y, en su caso, de la situación de las estaciones y de las zonas de servicio ferroviario.

Como ejemplo, sostiene que dicho estudio «no contiene el estudio de las distintas alternativas de ubicación del edificio de servicios ferroviarios», sin que por lo tanto –afirma– quede constancia de las ventajas, los inconvenientes y los costes de cada una de las opciones y su repercusión en la satisfacción de las demandas de transporte y en la ordenación territorial y urbanística.

Y ello pese a que, según subraya, estas obras van a suponer para el ferrocarril y para la ciudad «una de las mayores inversiones que en la ciudad se van a realizar en los últimos años y de mayor trascendencia para su futuro».

«El Estado tiene el deber de elegir la alternativa más recomendable y debidamente justificada», insiste Arca.

Además, apunta que el propio ordenamiento urbanístico vigente PGOU 1997 así lo exige explícitamente.

Arca resalta que en el período de información pública ARCA y otras asociaciones «sí ofrecieron otras alternativas», como la creación de un corredor verde naturalizado desde La Remonta hasta Las Estaciones, y modificaciones de las actuaciones previstas en la reordenación ferroviaria, «planteándose como una oportunidad histórica e irrepetible para planificar estos corredores territoriales con el sosiego y reflexión que requieren las decisiones con visión de futuro y a largo plazo». Sin embargo, subraya que sus alegaciones «no fueron tenidas en cuenta».

En definitiva, Arca insiste en que se vulnera así el Reglamento del Sector Ferroviario por no dar cumplimiento al contenido mínimo exigido para los estudios informativos. «El Estado ha de subsanar esa carencia y redactar un nuevo estudio informativo que incorporase un estudio de las alternativas, siguiendo la tramitación legalmente establecida», afirma.

Otro de los argumentos en los que Arca basa su recurso es que, en su opinión, «tampoco se han evaluado adecuadamente los costes de la actuación».

Este colectivo incide en que, conforme a la legislación española, la actuación de las Administraciones Públicas «está sometida a un deber jurídico de buena administración, actuando de forma racional, objetiva, coordinada, eficaz, eficiente y económica en su servicio a los intereses generales» por lo que «ha de actuar maximizando los recursos disponibles o minimizando los costes, de tal forma que el cómputo total de costes y beneficios que comporte la actuación sea el más adecuado».

En este sentido, Arca apunta, en un comunicado, que en la evaluación de los aspectos económicos, la Administración deberá tomar en consideración la viabilidad de la decisión, del menor coste posible de ésta y del balance entre los costos estimados y los beneficios que se espera alcanzar con la decisión.

Así, mantiene que en el caso del estudio informativo para el espacio ferroviario de Santander, «no se han analizado distintas alternativas» por lo que, a su juicio, «la Administración ha actuado arbitrariamente al no haberse garantizado que la opción elegida es la de menor coste y más adecuada de entre las evaluadas, incumpliendo los criterios generales de economía y eficiencia a que está obligada».

Arca ha llamado la atención que las obras de reordenación ferroviaria, con una inversión de 187 millones de euros, «es de las más importante planteada en Santander en los últimos años».

Como otro argumento al que alude en el recurso es que «no se ha procedido a la evaluación ambiental» cuando –apunta– el Reglamento del Sector Ferroviario indica que el estudio informativo deberá contar con un análisis medioambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.

«En este caso, se ha prescindido de ese análisis medioambiental necesario», incide Arca, que considera que esto es «preocupante». «Lo que se está decidiendo es la creación de unos nuevos espacios públicos para la ciudad, de alta trascendencia urbana, en una zona de una gran densidad de población y con vías de circulación de alto tránsito, con lo que ello supone de contaminación, ruidos y peligrosidad, que obliga a que los nuevos espacios públicos que se proponen tengan las mínimas garantías medioambientales», añade.

Por otra parte, Arca también subraya la necesidad que hay de aprobar un Plan Especial «antes de aprobar cualquier proyecto constructivo».

Respecto a este asunto, el colectivo ecologista argumenta que, entre las distintas actuaciones que se proponen, la más representativa y costosa es la losa de cubrición de los andenes y los edificios destinados a las oficinas, correos y otros servicios, que, según afirma, al no ser propiamente unas infraestructuras ferroviarias, «deben quedar sometidas directamente a la normativa urbanística».

Ello, según Arca, supone adecuarse al plan urbanístico vigente PGOU de 1.997, siendo «necesaria» la aprobación de un plan especial, con carácter previo a la realización y aprobación de los proyectos constructivos, evaluando, al menos las tres distintas alternativas, que el propio Plan Especial exige.

«Se está pretendiendo que esta actuación de tanta trascendencia para Santander, y que entendemos equivocada, se sustraiga al preceptivo ordenamiento urbanístico, a la normativa medioambiental y a la participación ciudadana, con graves consecuencias para el futuro de la ciudad», ha aseverado.