Aragonés apoya a Serret y afirma que mantendrá sus funciones: «La sentencia no es firme»
Tilda los sentencias del TSJ de Cataluña y del TS de «políticas» y traslada su confianza a la consejera
EL PRAT DEL LLOBREGAT (BARCELONA), 26
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha mostrado su apoyo a la consejera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, después de este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la haya condenado a un año de inhabilitación por desobediencia en la organización y celebración del 1-O, y ha afirmado que mantendrá sus funciones institucionales: «La sentencia no es firme».
Lo ha dicho durante una visita institucional a la desalinizadora del Llobregat en El Prat del Llobregat (Barcelona), junto a la consejera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordá, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, entre otras autoridades.
Ha recordado que la sentencia del TSJC viene derivada de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes del 1-O, a las que ha tildado de «sentencias políticas porque se persigue una actividad política», y ha afirmado que acudirán a los tribunales internacionales para defender los derechos de Serret.
Para Aragonés, la inhabilitación de Serret es «la demostración de que hay un conflicto político entre la ciudadanía de Cataluña y las instituciones del Estado español». «No puede ser un delito votar. Ni lo fue en 2017 ni lo puede ser ahora», ha remarcado.
El presidente ha señalado que hasta que la sentencia no sea firme «Serret continúa desde el punto de vista legal y administrativo haciendo lo que hacía hasta ahora».
«Pero con la confianza redoblada mía y del resto de los compañeros del Gobierno», y ha insistido en que estarán a su lado en todo el proceso judicial.
Serret fue juzgada el 29 de marzo, y en el juicio reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el «mandato democrático» de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que el referéndum no fue un delito.
En la sentencia, consultada este miércoles por Europa Press, también le impone una multa de 12.000 euros.
