Aragón trasladará a Fiscalía el expediente de compra de mascarillas «defectuosas» que podría ser «un delito de estafa»

ZARAGOZA, 2

El Gobierno de Aragón va a trasladar al Ministerio Fiscal el expediente de los contratos de mascarillas «defectuosas» realizado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el año 2020 para «el esclarecimiento de los hechos en cuanto a los mismos pudieran llegar a ser constitutivos de un delito de estafa», tipificado en el artículo 248 del Código Penal. La cantidad que se va a reclamar en los juzgados asciende a más de 25.000 euros.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, indicado que el objetivo del actual Ejecutivo autonómico es completar la obligación legal de poner en conocimiento de la Fiscalía de esta situación para que practiquen las diligencias necesarias y se depuren responsabilidades penales.

Susín ha recriminado «la inacción» del anterior Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, «pese a haber advertido en un requerimiento» a la empresa contratante –Grupo Santa Catalina– que llevaría a cabo acciones legales para reclamar la devolución del dinero por la mercancía en deficiente. «Acciones que nunca se llevaron a término», ha puntualizado.

En concreto, ha señalado que el Ejecutivo aragonés va a reclamar al Grupo Santa Catalina un total de 25.382,31 euros debido a que las mascarillas que fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros cada unidad por ser «de uso médico» tendrían que haber costado 0,75 euros.

«El material recibido no reunía las características comprometidas por las que se había acordado ese pago más de cinco veces mayor en lo que puede constituir una actuación consciente y deliberada por parte de la empresa vendedora», ha asegurado.

En este sentido, ha detallado que el importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa el 2 de abril de 2020 fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas. Además, ha especificado que el importe facturado al IASS por el material suministrado que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros por 10.000 mascarillas calificadas por la empresa suministradora «de uso médico» y que demostraron no cumplir con la consideración de ser FFP2 ni FFP3.

«En expediente se encuentra una factura, expedida en inglés, emitida por la empresa del Grupo Santa Catalina donde se indica claramente que las 10.000 mascarillas no son de uso médico», ha aseverado la consejera de Bienestar Social.

DENUNCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

En este punto, ha precisado que al frente de dicha sociedad mercantil se encontraba Emilio Santa Catalina «que fue denunciado por el Gobierno de Canarias por intento de estafa con la venta de vacunas» de la Covid-19.

Del coste de las mascarillas defectuosas, ha apuntado que se tiene que resta el importe de 16.117,69 euros, incluidos en la segunda factura como saldo favorable y pendiente de pago a favor de la compañía y que el IASS no ingresó una vez certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas. También, ha añadido que las mascarillas deficientes permanecen en la actualidad en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

La compañía que ha realizado esta transacción, según Susín, simuló además un certificado que falseaba la naturaleza del material adquirido y su efectividad, tal y como ya constaba en un requerimiento enviado por el Ejecutivo anterior en agosto de 2020, cuatro meses después de la operación.

Por ello, Susín ha calificado como una «dejación de funciones» del anterior Ejecutivo aragonés al no poner en marcha un procedimiento judicial para reclamar el dinero. No obstante, ha apostillado que si remitieron un escrito dirigido a la empresa «donde se advertía que se podían tomar acciones legales y nunca se llegaron a tomar».

Finalmente, ha insistido que lo que se traslada al Ministerio Fiscal es el expediente para que se haga la reclamación a la empresa que defraudó al Gobierno de Aragón.

«Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa tipificado en el artículo 248 del Código Penal», ha concluido la consejera de Bienestar Social y Familia.