El Gobierno, ante amenazas de Tsunami Democràtic como actuar en la jornada de reflexión: «Interior prepara respuestas»
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha garantizado este viernes que el Ejecutivo estudia cualquier movilización que pueda conllevar acciones violentas y por ello, ante el anuncio de Tsunami Democràtic de nuevas acciones que incluyen la jornada de reflexión del 10N, ha asegurado que el Ministerio del Interior «estudia todos los escenarios y prepara eventuales respuestas».
Tsunami Democràtic ha anunciado cinco fechas de nuevas movilizaciones: la primera sería el 9 de noviembre durante la jornada de reflexión y las siguientes los días 11, el 12 y el 13 del mismo mes (días posteriores a los comicios) en un «lugar sorpresa». La última está anunciada para el 18 de diciembre coincidiendo con la celebración del Barça-Madrid en el Camp Nou.
Celaá ha apuntado que el Gobierno no tiene constancia oficial de estas convocatorias y por ello ha evitado valorarlas «en firme». Sin embargo, ha asegurado que «cualquier manifestación violenta» o que pueda serlo «preocupa» al Ejecutivo y por ello «toma preocupaciones y cautelas».
«El Ministerio del Interior obviamente estudia todos los escenarios y prepara eventuales respuestas, como corresponde a la responsabilidad de cualquier Gobierno», ha incidido.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha defendido que España es un país en el que «se respeta la ley». «Proporcionalidad y moderación frente a quienes pretenden destruir lo que nos une», ha esgrimido como «fortalezas de la democracia española» en un país en el que «no hay ningún espacio para la impunidad».
La portavoz del Ejecutivo ha hecho en este punto un balance de los detenidos y heridos durante los disturbios en Cataluña: más de 200 personas detenidas –134 adultos y 15 menores–; y 289 agentes de la autoridad heridos, de los dos continúan hospitalizados.
NO VALORA DECLARACIONES INDEPENDENTISTAS
En cualquier caso, ha rechazado valorar la declaración suscrita por partidos independentistas de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Baleares para defender la autodeterminación y la libertad de los presos soberanistas.
«El Gobierno solo trabaja en vulneraciones de la ley y resoluciones firmes, no en declaraciones que se corresponden con el ejercicio del derecho de expresión», ha argumentado.
