Aprobado el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero

Se acompaña de dos reales decretos y se incluyen los desarrollos necesarios para aplicar toda la normativa europea sobre criptoactivos

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del sector financiero que tiene por objetivo impulsar la innovación financiera y fomentar la competencia al mismo tiempo que se preserva un «adecuado nivel de seguridad» tanto para las entidades como para los clientes financieros.

Este anteproyecto de Ley se acompaña, además, de dos Reales Decretos que conforman un paquete regulatorio completo para la modernización del sector financiero. Este paquete normativo incorpora al ordenamiento jurídico español diferentes directivas y reglamentos europeos y modifica normas españolas para incentivar la digitalización.

El anteproyecto se ha elaborado en colaboración con el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como de otros organismos con un interés directo en la digitalización del sector financiero.

Entre las medidas incluidas en el anteproyecto, el Ministerio de Economía destaca dos en materia de garantizar la ciberresiliencia del sector financiero: por un lado, la implementación del régimen sancionador aplicable a los incumplimientos del Reglamento europeo sobre resiliencia operativa y digital (conocido como Reglamento DORA).

Por el otro, el Gobierno quiere ajustar las obligaciones de ciberresiliencia para operadores de sistemas de pagos, procesadores de pagos y esquemas de pagos, como es el caso de Redsys o Iberpay. Economía señala, en este sentido, que estas entidades no están sujetas al Reglamento DORA, pero el Ejecutivo decidió incluirlas en diciembre de 2023 para garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

NORMATIVA SOBRE CRIPTOACTIVOS

También se incluyen en este proyecto los desarrollos necesarios para la aplicación del Reglamento MiCA y toda la normativa europea sobre criptoactivos.

Con este objetivo se actualiza la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para garantizar su cumplimiento por las entidades que prestan servicios de criptoactivos.

Asimismo, se asegura que las entidades que venían prestando servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor del reglamento puedan seguir haciéndolo sin autorización hasta el 30 de diciembre de 2025 (plazo de 12 meses decidido en España, que acorta en seis meses el periodo transitorio de MiCA), a la vez que se acuerda el traspaso del Banco de España a la CNMV del registro de proveedores de determinados servicios de criptoactivos.

También se incluyen medidas para impulsar el desarrollo de soluciones basadas en tecnología de registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés) en los mercados de capitales.

Economía explica que esta tecnología ha permitido el desarrollo de criptoactivos y posee un «gran potencial» para transformar los mercados de capitales, ya que podría ofrecer «importantes ventajas» en términos de eficiencia si se utiliza para la emisión, negociación y distribución de instrumentos financieros tradicionales como acciones o bonos.

Así, uno de los reales decretos que acompañan al anteproyecto de ley contiene las previsiones necesarias para poder representar instrumentos financieros en DLT.

SANDBOX FINANCIERO

Por otro lado, el anteproyecto incluye iniciativas para modernizar el funcionamiento del sandbox financiero español, basándose en la experiencia de los cuatros años de funcionamiento de esta herramienta.

Así, se proponen varias mejoras para facilitar el acceso al sandbox , entre las que destacan que los promotores podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año y avanzar en la tramitación de la solicitud hasta que se decida su admisión y se promueve una mayor interacción entre promotores y supervisores.

Igualmente, se reducen las cargas administrativas asociadas a participar en el sandbox , facilitando el uso de declaraciones responsables y simplificando el régimen de garantías exigidas para el periodo de prueba de los proyectos. A su vez, se persigue una mayor visibilidad de los proyectos a través de la posibilidad de convocatorias temáticas.

Economía también destaca las novedades en el ámbito de la prestación de servicios de pago y la regulación de los sistemas de pago. En este sentido, se adapta el ordenamiento jurídico español al reglamento europeo de pagos instantáneos de forma que nuevos actores, como las entidades de pago y entidades de dinero electrónico puedan ser participantes directos de los sistemas de pagos (Iberpay).

Además, se propone al Banco de España como autoridad competente para supervisar que las administraciones públicas cumplen con la obligación de aceptar pagos procedentes de cuentas extranjeras y se moderniza y flexibiliza el régimen de Iberpay en línea con las infraestructuras de nuestro entorno.

Por último, se modifica la normativa financiera sectorial para adaptarla a la creación del Punto de Acceso Único Europeo (Paue) y establecer, caso a caso, las condiciones técnicas que debe cumplir la información financiera y no financiera a enviar.

El objetivo de este repositorio es el de aumentar el conocimiento del mercado financiero y estandarizar la información, permitiendo mejores condiciones de financiación para los emisores y para las empresas que «voluntariamente» quieran remitir su información y hacerla accesible para todo tipo de inversores, en un formato digitalizado, estandarizado y legible por máquinas.

Se espera que esto beneficie, en particular, a los emisores de menor tamaño, sobre los que existe mayores dificultades de acceso a información estandarizada en la actualidad.