Aprobadas las ordenanzas fiscales de 2021 que supondrán un ahorro de 4 millones a los vecinos

Cuatro mociones de las cinco presentadas han salido adelante por unanimidad

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha desestimado hoy las alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales para 2021 y ha procedido a su aprobación definitiva, con lo que la Administración local dejará de ingresar por estos conceptos cuatro millones de euros.

En concreto, se han aprobado las ordenanzas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), con los votos a favor de PP, Cs y PRC, en contra de PSOE y UxS y la abstención de Vox; las tasas por prestación de los servicio de recogida de basuras y del servicio de alcantarillado, en ambos casos en los votos a favor de PP y Cs, el voto en contra del PSOE y la abstención de PRC, Vox y UxS; y la tasa por prestación del servicio de suministro de agua con los votos a favor de PP y Cs, en contra de PSOE y UxS y la abstención de PRC y Vox.

De este modo, también se han rechazado las alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales por el Grupo Socialista en cuanto a la ausencia de consulta pública, que no es necesaria porque las modificaciones afectan a aspectos parciales de las normas; y respecto a las tarifas, aspecto al que también alegó la concesionaria del servicio de Agua, Aqualia, y que igualmente ha sido denegado pues éstas deben ajustarse al pliego del contrato.

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha afirmado que el hecho de que se hayan desestimado por completo las alegaciones de su grupo supone que «aumenten las desigualdades», puesto que las modificaciones fiscales propuestas solo son «medidas estéticas».

El edil ha considerado un «atropello a los derechos de los santanderinos» que se haya suspendido temporalmente la autoliquidación de la plusvalía, al tiempo que ha denunciado que las tasas de agua y basuras «solo bajan lo que marca el IPC», un -0,6%, cuando el margen podría ser «mayor». «Que no bajen más las tasas de agua y basuras es una expresión de que estas ordenanzas fiscales son injustas», ha valorado, lamentando que las cargas fiscales podrían ser «más progresivas».

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha afirmado que las ordenanzas son «tan progresivas como la ley permite», y ha asegurado que bajadas como la del impuesto de patrimonio beneficiarán más a los ciudadanos con rentas medidas y bajas.

Mientras, la concejala regionalista Amparo Coterillo ha denunciado la «negligencia» que se ha producido con las basuras y el «enriquecimiento» en favor del concesionario del servicio de aguas.

Por su parte, el portavoz de Vox, Gullermo Pérez-Cosío, ha acusado al PSOE de practicar una «judicialización de la política» y ha denunciado su «contradicción» de impugnar unas ordenanzas que rebajan impuestos; y el de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, ha lamentado el «poco esfuerzo» del equipo de Gobierno PP-Cs para la progresividad fiscal, ha denunciado el «conflicto permanente» que existe en Santander entre las concesionarias y los servicios, como en basuras y agua, y ha recordado que no se han presentado aún los presupuestos para 2021.

El concejal de Economía, Víctor Huergo, ha explicado que la supresión de la autoliquidación de la plusvalía es «temporal por la pandemia», se he hecho para «proteger» a los funcionarios y volverá «cuando se pueda».

Desde el equipo de Gobierno se ha recordado que las modificaciones fiscales esta legislatura han supuesto a los santanderinos un ahorro de nueve millones de euros, cuatro de ellos el próximo año, ha precisado la alcaldesa, Gema Igual (PP), quien ha subrayado que «de los 200 millones de presupuesto de Santander, que quedan los ciudadanos con 18-20 millones». «El equipo de Gobierno seguirá bajando impuestos, está del lado de los santanderinos», ha remarcado.

MOCIONES

Por otra parte, se han aprobado por unanimidad cuatro mociones, dos de ellas presentadas por el Grupo Socialista, una para que se publiquen cada tres meses los contratos menores en el Perfil del Contratante, después de los retrasos que se han producido por la escasez de personal, que se está solventado con contrataciones; y otra, enmendada con una transaccional del PP, para actualizar los cuadros de exclusiones médicas que rigen el acceso a los cuerpos profesionales, para que no haya discriminación en el acceso a la función pública por haber sido diagnosticado de una enfermedad.

El PP ha señalado que las enfermedades excluyentes no pueden determinarse de forma generalizada y eso debe depender de criterios exclusivamente científico-médicos y profesionales. Y el PSOE ha opinado que el Ayuntamiento debería «sacar» de la lista de limitaciones más de 30 enfermedades.

También se ha aceptado por todos los grupos una transaccional del PP a la moción del PRC para actualizar el Plan de Emergencias de Santander; mientras que se ha aprobado por unanimidad una iniciativa de UxS para redactar un Plan Municipal de Vivienda y Suelo, aunque se ha rechazado la moción del mismo grupo para instar al Gobierno de España para aprobar una Ley de Vivienda.

DESAHUCIOS EN LA SVS

El debate ha subido de tono en este punto, cuando el concejal socialista, Javier González de Riancho, ha criticado las «erráticas políticas de vivienda» del Ayuntamiento y ha censurado la «ocultación» de los seis procedimientos de desahucios pendientes en la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), acusando al presidente de la misma, el concejal César Díaz (PP), de «haber decidido presentar esas demandas de desahucio» para reclamar unos 4.000 euros. Además, según el edil, «hay 199 cláusulas abusivas» en los contratos de alquiler de la SVS.

Díaz ha rechazado estas afirmaciones calificándolas de «ristra de mentiras» y ha manifestado que «aprovecharse de la situación de los inquilinos de la SVS para hacer política contra el equipo de Gobierno es barriobajero, lamentable».

El popular ha subrayado que es «absolutamente falso» que la SVS haya decidido desahuciar inquilinos. «No ha desahuciado a ningún inquilino jamás y no lo va a hacer nunca», ha afirmado, explicando que hay «situaciones muy particulares» como las de estos seis inquilinos cuya morosidad «están pagando el resto de santanderinos», además de que los Servicios Sociales están «intentado buscar una solución a su problemática»; una solución a la que no ha aportado nada el PSOE, ha dicho.