Aprobada por unanimidad la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria

PRC y PSOE aseguran que los proyectos de la Residencia Cantabria «siguen adelante» pero la pandemia los ha «paralizado»

El Pleno del Parlamento regional ha aprobado este lunes por unanimidad la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria, que deja de ser la única comunidad costera sin una norma legislativa propia en este ámbito.

En la presentación de la norma en el Pleno, el consejero del área, el regionalista Guillermo Blanco, ha defendido que se trata de una ley «completa», «muy ambiciosa» y con «mucho trabajo previo» detrás y que además –ha dicho– cuenta con el «beneplácito» del sector, que ha hecho aportaciones al texto.

Además, ha subrayado que se trata de una norma «de gran importancia» y «muy deseada» ya que han sido necesarios años para sacarla adelante, con la que se trata de llenar un «vacío legal» que se venía «arrastrando».

«Una región con 284 kilómetros lineales de costa, con siete puertos pesqueros, de gran tradición pesquera, y no nos lo podíamos permitir», ha afirmado Blanco en relación a la carencia hasta ahora de la normativa en Cantabria.

LA LEY

La norma aprobada regula las competencias de la comunidad en materia de actividad pesquera en aguas interiores, acuicultura y marisqueo, indicando los principios, reglas y criterios generales para lograr, según el consejero, «una reglamentación pesquera ordenada, sistemática y coherente».

Además de regular las competencias específicas del ámbito pesquero, abarca las competencias en materia de buceo profesional, enseñanzas náutico-deportivas y subacuáticas, así como en materia de enseñanzas profesionales náutico-pesqueras, cuya regulación se encontraba «dispersa» en la legislación de ámbito estatal.

La ley tiene por objeto la conservación, protección y regeneración de los recursos marinos en aguas interiores de Cantabria; el ejercicio de la pesca marítima, el marisqueo, la explotación de algas y la acuicultura; la ordenación del sector pesquero; la comercialización o transformación de los productos pesqueros; las actividades de buceo profesionales y recreativas; la formación en actividades náuticas y la inspección, el control y el régimen sancionador de las materias reguladas. Según Blanco, en ella, se «aclaran cuestiones confusas» y otras que estaban sin regular.

ENMIENDAS

Al texto del Gobierno se han presentado en la tramitación parlamentaria 114 enmiendas, 106 de la oposición (53 del PP, 40 de Cs y 13 del grupo mixto-Vox) y 8 de PRC-PSOE, de las que se han aprobado 18 (todas las de regionalistas y socialistas, 4 de Cs, 6 del PP y ninguna de Vox).

Además, han salido adelante dos transaccionales, una de todos los grupos por la que se otorga la condición de agente de la autoridad al cuerpo de funcionarios encargado de las labores de control e inspección y otra de PRC, PSOE y Cs para modificar uno de los artículos de la norma.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Aunque todos los grupos han respaldado la norma, el debate no ha estado exento de algunas críticas de la oposición, sobre todo del PP y el grupo mixto.

Así el portavoz del PP en materia de Pesca, Pedro Gómez, ha puesto de manifiesto que 39 años después de aprobarse el Estatuto de Autonomía de Cantabria que atribuye a la comunidad las competencias en esta materia, el Gobierno no haya ejercido hasta ahora sus competencias legislativas en este ámbito y ha señalado que durante dos décadas el PRC ha tenido la responsabilidad en esta área.

Esto mismo le ha recriminado el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que lo considera una «negligencia omisiva gravísima» y más en el caso del PRC, que, según ha dicho, se presenta como «adalid» del desarrollo autonómico y del sector primario.

Más allá de esta crítica, el PP ha censurado también los plazos de la tramitación del texto, que, según ha dicho, entró en la Cámara «hace un año y dos meses» y ha estado siete meses durmiendo «el sueño de los justos» de una forma, en este caso, «injusta», y además se ha quejado de la «falta de debate y negociación» de las enmiendas.

Además, de «tarde», cree que la norma «nace obsoleta» después de que el ministro del área, Luis Planas, haya anunciado la presentación de tres nuevas leyes –una de pesca sostenible, otra de transformación y comercialización de los productos de pesca y otra de infracciones y control de la actividad pesquera– que sustituirá la Ley de Pesca Nacional del 2001.

Por su parte, el portavoz de Vox ha opinado que la ley no contribuirá a una «mejora sustancial» del sector pesquero o en «punto de apoyo» o desarrollo del mismo, ni soluciona problemas que tiene como las dificultades de relevo generacional ni de renovación de la flota. Por ello, ha pedido un Plan Estratégico de Pesca.

Y Cs, en un tono menos crítico, se ha felicitado del desarrollo de esta ley «muy necesaria» y «muy demandada» que, según la diputada Marta García, dará «garantías y seguridad jurídica» al sector. Sí ha confiado en que «no se tarde lo mismo» en el desarrollo reglamentario de la norma, que todo lo que se ha tardado en contar con ella.

Por su parte, PRC y PSOE han subrayado que el texto da «seguridad jurídica» al sector, un marco «más ágil y seguro» y que contribuye a «compatibilizar» la actividad pesquera con la conservación de los recursos pesqueros. Además, la regionalista Ana Obregón ha afirmado que permitirá una adecuada trazabilidad de los productos del mar y velar por la salud de los consumidores.

RESIDENCIA CANTABRIA

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una moción de Vox pidiendo al Gobierno de Cantabria retractarse de las promesas electorales de los partidos que lo sustentan, PRC y PSOE, en torno a los proyectos que anunciaron para el edificio de la Residencia Cantabria, así como a estudiar posibles actuaciones en ese terreno e incluirlas entre las que optarán a fondos europeos.

PRC y PSOE han descartado retractarse ya que han asegurado que sus proyectos «siguen adelante» -en la campaña propusieron demolerlo y construir uno nuevo para instalar laboratorios, servicios sanitarios o un hotel para familiares de los pacientes ingresados en Valdecilla-, pero han quedado «paralizados» con la pandemia, que ha hecho que «las prioridades hayan cambiado».

Además, conlleva procesos «largos y costosos» como la obtención de fondos del Gobierno central o la cesión del inmueble por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, que es su propietaria, han explicado socialistas y regionalistas, insistiendo en que «seguirán trabajando cuando se encaminen las circunstancias».

La iniciativa solo ha contado con el apoyo de Vox y Cs -tras presentar el último una enmienda transaccional- ya que el PP, aunque se ha mostrado de acuerdo con «optimizar todos los recursos» sanitarios de Cantabria y ha criticado la «dejadez» del Ejecutivo, ha reconocido que «no va a ser tarea fácil» que la Tesorería ceda el edificio, que además tiene «problemas» y es «inservible» por su estructura.

Cs sí ha apoyado la moción ya que opina que antes de que se ponga en marcha el proyecto en la Residencia «llegará el AVE a El Sardinero» y «pasarán lustros», porque «no han sido capaces ni de hablar con la Tesorería». «De nuevo son ustedes el Gobierno de la palabra hueca», ha trasladado a PRC y PSOE tras criticar que «solo han hablado» de la iniciativa durante la campaña electoral de 2019.

En la misma línea, Vox ha considerado que «no tenían más interés que su uso electoral» y ha apuntado que la solución sería que el Ayuntamiento de Santander tramitara un expediente de declaración de ruina para obligar a la entidad propietaria a su demolición, con «coste cero» para Cantabria.