Aprobada la proposición de ley que permite al Gobierno repartir 15 millones entre sectores afectados por la guerra

Se destinarán a empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias, transporte, así como a centros del ICASS y al bono social térmico

El Parlamento cántabro ha aprobado este martes por unanimidad la proposición de ley que permite al Gobierno regional habilitar un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar las ayudas excepcionales anunciadas para varios sectores afectados por la guerra de Ucrania, dotadas con 15 millones de euros.

Este trámite facilita al Gobierno hacer modificaciones presupuestarias para atender «de forma ágil» las necesidades imprevistas de las empresas y «auxiliar» a los sectores más castigados por el alza de precios.

De los 15 millones, la mayor parte, 11,8 millones, irán destinados a ayudas a empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias y del sector de transporte por carretera, que serán gestionadas por la Sociedad para el Desarrollo Regional para Cantabria (Sodercan).

Mientras, 1,6 millones serán para estancias concertadas de centros dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), 1 millón para empresas y profesionales que prestan servicios de transporte escolar y 600.000 euros para el bono social térmico en 2022.

La proposición ha sido impulsada por todos los grupos parlamentarios y apoyada por el Ejecutivo cántabro, como ha expresado en el Pleno de esta tarde la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), que ha ensalzado que estas ayudas permitirán «seguir contrarrestando» los efectos de la guerra y la pandemia, «sostener» el empleo y la actividad económica y «garantizar la cohesión social» en la comunidad.

Para repartir estos 15 millones, el Gobierno de Cantabria debe activar recursos presupuestarios procedentes del resultado positivo del ejercicio 2021, concediendo un crédito extraordinario y, en el caso de las estancias concertadas, un suplemento de crédito, todo ello teniendo en cuenta la actual situación de suspensión de las reglas fiscales recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En este sentido, los grupos de la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, han señalado que han impulsado la proposición de ley de forma unánime con los que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, «por responsabilidad» y «poniendo a Cantabria por encima de los intereses partidistas», pero no creen que la medida se haya tramitado de la forma más correcta.

Además, han añadido que el Ejecutivo utiliza la guerra «como excusa para todo», pero la situación «ya era insostenible» y las empresas ya necesitaban este apoyo desde antes.

La popular María José González Revuelta ha opinado que al Gobierno «le ha pillado el toro» y ha tenido que recurrir «a la desesperada» al Parlamento para tramitar este crédito extraordinario y unas ayudas que «no habrían sido necesarias si hubiera gestionado bien el presupuesto y hubiera dedicado el superávit de 2021 a ayudar a las familias». «Mientras miles de cántabros estaban sufriendo porque no llegaban a fin de mes, tenían en el cajón 128 millones», ha lamentado.

En la misma línea, el diputado de Cs Felix Álvarez ha opinado que «las prisas» por sacar adelante la proposición de ley han hecho que «a última hora y por mala gestión se haya tenido que renunciar a algunas medidas que eran importantes» para apoyar a más sectores. Además, ha indicado que la iniciativa «no deja de ser una tirita en una herida grave y profunda», pues los negocios «seguirán con el agua al cuello».

Y desde Vox, Cristóbal Palacio también ha lamentado «el apresuramiento» para este trámite cuando «los males ya eran anteriores» al estallido de la guerra. A su juicio, la situación del tejido empresarial cántabro «le hace ser vulnerable» al margen de la situación internacional.

Mientras desde PRC y PSOE han defendido el apoyo que están recibiendo en la región los sectores más afectados, que se está extendiendo ya también a la clase media, además de a los más vulnerables.

Tras las críticas de la oposición sobre la tardanza del Gobierno, el regionalista Francisco Ortiz ha apuntado que éste «podría ir más rápido» si «hubiéramos sido capaces de aprobar una modificación del Estatuto de Autonomía» que se llevó al Congreso en marzo de 2021 para dar la competencia al presidente de proveer ayudas de este tipo, pero «lamentablemente no se pudo contar con los votos favorables del PP, ni tampoco del PSOE».

Por último, la socialista Carmen Algorri ha asegurado que los sectores afectados están recibiendo «todo el apoyo posible» gracias a los gobiernos de España y Cantabria. Y ha destacado que España es «el país más avanzado» en la ejecución de fondos del Plan de Recuperación, respondiendo al ideal político de «no dejar a nadie atrás».

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