APAVT pide aplicar la Ley de Víctimas contra otra marcha de SARE el 23 de octubre a favor de los presos de ETA

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional una petición para prohibir otra marcha convocada por la plataforma SARE, en este caso el 23 de octubre en San Sebastián, en la que reclaman mejoras en la situación penitenciaria de los presos de ETA.

APAVT reclama aplicar el artículo 61 de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo, así como que se dirijan oficios a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza para que «emitan los informes sobre los convocantes formales, por si realmente detrás de los mismos se encontrase alguna organización ilegalizada».

La asociación considera que la finalidad de esta concentración enmarcada en la dinámica Paso a paso, el camino de regreso a casa «no es otra que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA», de ahí que interprete que este tipo de convocatorias conlleva un enaltecimiento y justificación pública del terrorismo.

En la Ley de Víctimas se recoge que son las administraciones públicas las que deben asumir la defensa de las víctimas del terrorismo, en concreto los delegados del Gobierno y corporaciones locales, en lo que se refiere a reclamar de oficio ante los tribunales de justicia que sean competentes.

SARE es la red ciudadana que impulsa el acto del 18 de septiembre en Mondragón censurado por plataformas como la Fundación Villacisneros por aludir al etarra Henri Parot, que cumple condena por su participación en 39 asesinatos de la banda terrorista.

Esta fundación envió sendas cartas a la alcaldesa de Mondragón, María Ubarrechena, al delegado del Gobierno central en el País Vasco, Denis Itxaso, y al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para que «en uso de las facultades que les confieren las leyes de víctimas impidan esta nueva humillación a las víctimas del terrorismo».