Aparejadores y constructores piden al Gobierno que suprima trámites «caducos e innecesarios»

El Colegio de Arquitectura Técnica (Aparejadores) y la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria han vuelto a solicitar al Gobierno regional que suprima trámites para la construcción y rehabilitación de viviendas «que son caducos, innecesarios y que están duplicados», al existir controles previos y posteriores por parte de los ayuntamientos.

En esta línea, han reclamado, en un comunicado conjunto, que la nueva Ley de Acompañamiento elimine del vigente decreto de 1991 la obligación de los municipios de recabar un informe autonómico previo sobre el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, sin el cual no puede concederse la licencia municipal de obras, así como la cédula de habitabilidad, que también debe emitir el Gobierno aunque exista previamente la licencia de primera ocupación que conceden los consistorios cuando finaliza la obra.

Para los presidentes del Colegio y de la Asociación, Miguel Ángel Berrazueta y Javier Palomera, respectivamente, Cantabria «no puede seguir condicionando las licencias municipales a la supervisión autonómica porque queda relegada como una comunidad ineficaz en la supresión de trámites burocráticos que sólo suponen una pérdida de tiempo y de recursos para la ciudadanía».

Ambos sectores han asegurado que «dichos trámites duplicados son contrarios a la distribución de competencias entre la administración local y regional, tal y como quedó expresado en el Plan de Reducción de Cargas Administrativas, además de complicar y ralentizar notablemente la actividad de un sector económico que es decisivo para el crecimiento y la creación de empleo en Cantabria».

Tanto Berrazueta como Palomera han lamentado que «nunca se haya implementado» el Plan de Reducción de Cargas Administrativas que se aprobó en 2010 con la unanimidad de todos los grupos políticos y en el que se atribuía a los ayuntamientos el visto bueno de los requisitosmínimos de habitabilidad.

Por ello, han recalcado la necesidad de que se establezca en la nueva Ley de Acompañamiento un marco jurídico «que sea claro y eficiente para que Cantabria no sea un lastre en el impulsoeconómico de nuestra comunidad en este momento de crisis generalizada como el que estamos viviendo».

Según Berrazueta, «nada impide que la verificación del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad esté integrada en los controles municipales inherentes a la concesión de las licencias de obra y de primera ocupación, tal como aprobó el Parlamento hace más de una década».

Y ha detallado que desde el Colegio se han dirigido a la Administración autonómica en varias ocasiones, e incluso a la Federación de Municipios de Cantabria para que se avance en la agilización de licencias y se supriman los informes «caducos».

Por su parte, Palomera ha explicado que el nuevo Gobierno ha incluido durante el pasado agosto una Comisión Delegada de Simplificación Administrativa adscrita a la Consejería de Presidencia,por lo que la ocasión «es la más propicia para consolidar esa eliminación de cargas y con ello, una antigua aspiración de los sectores implicados».

«Estamos pendientes de que se publique la Ley de Acompañamiento en la que confiamos que se recoja definitivamente y se dé cumplimiento efectivo y eficaz a la eliminación de las dos figuras anacrónicas, como una de las grandes aspiraciones no solamente reclamadas desde antiguo por ambas entidades, sino incluso aprobada por el Parlamento en sesión plenaria el 30 de mayo de 2010 y en la que llevamos décadas incidiendo tanto técnicos como constructores», han puntualizado.

Para Palomera y Berrazueta, resulta «incoherente» que la gestión urbanística se encomiende legalmente a los ayuntamientos y en Cantabria «se imponga un doble control supramunicipal a través de la Dirección General de Vivienda, situándonos en la cola de la tramitaciónadministrativa de este tipo de actuaciones esenciales, como son la creación y rehabilitación de vivienda».

En definitiva, se trata de que la gestión integral de la habitabilidad se transfiera a los ayuntamientos, han concluido.