Antifraude Valenciana: «Si hay que entregar expedientes a grupos políticos, se quebraría procedimiento en sí mismo»

La Agencia asegura que el TS ha derivado la decisión sobre el recurso a la Sala Especial del TSJCV al no haber normas estatales infringidas

VALÈNCIA, 16

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha asegurado este martes que seguirá defendiendo la «independencia» e «imparcialidad» de sus investigaciones contra la corrupción y su director, Joan Llinares, ha afirmado que «nunca» se han opuesto a la entrega de documentación sobre su trabajo «pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados». En esta línea, ha advertido que «si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos, se quebraría el procedimiento en sí mismo».

Así lo ha indicado en un comunicado después de que el Tribunal Supremo haya decidido inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el organismo que dirige contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dio la razón al PP y reconoció su derecho a consultar los expedientes abiertos sobre las ayudas al valenciano de los socios del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Antifraude subraya que se trata de la petición de un grupo político de Les Corts de acceder a la documentación «de un expediente de investigación abierto y en curso relativo a presuntas conductas de corrupción que podrían afectar al ámbito de otro grupo político distinto».

Según detalla, el TS ha señalado que, a su entender, «no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana», lo que supone que la sentencia no sea «firme todavía» porque habrá que esperar el dictamen de esta instancia judicial.

«La Sala Especial deberá entrar a analizar si ha existido o no infracción de la normativa autonómica e incluso de la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia el cual ya se ha pronunciado determinando que los parlamentarios de Les Corts no tenían derecho de acceso cuando requirieron de la Conselleria de Hacienda el plan de control tributario que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, tiene carácter reservado», subraya la entidad dirigida por Llinares.

PROTECCIÓN IDENTIDAD DENUNCIANTES

También recuerda que la Ley 11/2016 que creó la Agencia Valenciana Antifraude «estableció, en aras al buen fin de las investigaciones, la confidencialidad y reserva de sus actuaciones de investigación en curso» –mientras que las resoluciones finales de investigación se publican en su página web–, y también «la protección de la identidad de los denunciantes que no se puede revelar sin su consentimiento expreso», algo que está hoy en día «reforzado» por la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de los whistleblowers .

«Mi principal función es proteger las investigaciones que se realizan en la Agencia Valenciana Antifraude con independencia de la persona o entidades de que se trate. Si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos se quebraría el procedimiento en sí mismo, en cuanto que todo el personal de la AVAF está sujeto a ese deber de confidencialidad y secreto de sus actuaciones mientras perdura la fase de investigación», ha señalado Llinares.

En esta línea, recalca que desde esta agencia «nunca nos hemos opuesto a la entrega de documentación referente al trabajo que llevamos a cabo, pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados», ya que la entrega a los partidos políticos «pondría en riesgo el desarrollo de las propias investigaciones, la identidad de las personas que denuncian los hechos o colaboran en la investigación y se destruiría el derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia de los investigados».

Así mismo, desde la Agencia se recuerda que, con esta actuación, «se estaría vulnerando la Directiva Europa 2019/1937 de protección de las personas denunciantes y alertadora de corrupción», que ha sido «invocada» por diversos tribunales y la propia Fiscalía y sobre la que en estos momentos se están desarrollando los trabajos de trasposición al ordenamiento jurídico español, que deberá entrar en vigor en diciembre de este mismo año.