ANIH pide una exención de la prohibición de celebrar contratos indefinidos en investigación hospitalaria pública
La Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIA) recibe con optimismo el acuerdo para la reforma laboral, pero ha pedido una exención de la prohibición de celebrar contratos indefinidos en investigación hospitalaria pública ya que, de los contrario, se perderá mucho talento investigador.
«La utilización exagerada de este tipo de contratos creaba de facto una situación de excepcionalidad por la que el personal de investigación podía encadenar contratos temporales durante años o décadas, en permanente inestabilidad laboral», explican.
La alternativa para las entidades públicas de es celebrar contratos indefinidos para incorporar al personal de investigación, algo que ya es posible legalmente, también para proyectos y líneas de investigación, según la Ley de la Ciencia, modificada para ello por el Real Decreto Ley 3/2019 de Medidas Urgentes en el Ámbito de la Ciencia.
Sin embargo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 sigue manteniendo la prohibición de realizar contratos indefinidos en todo el sector público (administraciones, fundaciones, consorcios y empresas públicas), excepto por la tasa de reposición.
«Esta tasa de reposición es completamente insuficiente para incorporar de forma indefinida a todo el personal de investigación que se necesita para mantener en funcionamiento las líneas de investigación actuales», advierten.
De hecho, en muchas entidades de reciente constitución como las Fundaciones de Investigación Biomédica (FIB), que son los organismos que contratan a la inmensa mayoría del personal de investigación hospitalario, esta tasa es nula, ya que no tienen apenas bajas. Por ello, explican, «se ha acumulado una temporalidad superior al 80% en este sector.»
ANIH y otras entidades llevan pidiendo muchos años que se elimine esta prohibición de hacer contratos indefinidos en investigación en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, o al menos que se haga una exención de la tasa de reposición para la investigación pública, que necesita seguir incorporando talento y dejar de empeorar las condiciones laborales del personal que la lleva a cabo, en particular en mitad de una pandemia en la que los recursos de investigación hospitalaria son absolutamente esenciales.
Ahora mismo entienden que es «completamente urgente y necesario» llevar a cabo esta medida para no colapsar la investigación pública dejando a medias muchas líneas de investigación. ANIH ha constatado que la mayoría de las FIB han introducido una moratoria en la celebración de contratos a la espera de que se clarifique la situación.
«Debido a la moratoria se ha bloqueado la contratación e incorporación al puesto de trabajo de docenas de investigadores que han recibido subvenciones públicas para la ejecución de proyectos. Por ello es urgente que se tomen medidas que desbloqueen esta situación», añade.