Andimac urge a impulsar el Informe de Evaluación del Edificio para lograr compromisos en materia de vivienda
La Asociación Nacional de Distribución Profesional de Materiales para la Edificación, Reforma y Rehabilitación (Andimac) ha instado a los municipios a velar por la seguridad y viabilidad de los edificios de su circunscripción, para lo que considera «urgente» impulsar el Informe de Evaluación del Edificio en aquellos con más de 50 años.
Se trata de una petición que la patronal de la reforma y la rehabilitación ha hecho después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una línea de avales para facilitar la adquisición de la primera vivienda, ya que estos inmuebles deben tener una calificación energética mínima D o superior.
La patronal defiende el papel del sector de la reforma y la rehabilitación para lograr los objetivos del Gobierno en materia de vivienda, como demuestra el hecho de que se destinarán otros 4.000 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la promoción de 43.000 viviendas de alquiler social y asequible.
Sin embargo, Andimac destaca que para ello es importante que la Administración entienda «la necesidad de impulsar la demanda, para lo que hay que llegar a los ciudadanos con modelos sencillos de entender, fáciles de gestionar y con credibilidad en cuanto al funcionamiento de las ayudas».
La patronal confía en que durante el segundo semestre se empiece a notar la actividad, pero avisa de que se está «muy lejos todavía de lograr siquiera la mitad de los objetivos propuestos».
En este sentido, recuerda la necesidad de lograr una actividad de rehabilitación que alcance a 300.000 viviendas anuales para evitar a largo plazo la obsolescencia del parque edificado.
En esta línea, Andimac estimaba en su Observatorio 360º que la actividad en el segmento de rehabilitación energética podría alcanzar las 70.000 viviendas al finalizar 2023, siempre y cuando las Comunidades Autónomas incorporen el criterio de preconcesión de las ayudas en sus regulaciones y adelanten a las comunidades de propietarios el dinero para las obras, que ya les ha sido transferido desde la Administración Central.
