Andema reclama a los candidatos municipales «contundencia» para acabar con el top manta
La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) ha reclamado a los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales del próximo 26 de abril que desde sus ayuntamientos «lleven a cabo acciones proactivas y contundentes» para tratar de terminar con la venta de productos falsificados en las calles de las ciudades.
Esta organización, que representa a 71 empresas de diferentes sectores económicos, ha reclamado a las formaciones políticas que «sean conscientes de la lacra que supone la venta de falsificaciones en sus calles y de los grandes perjuicios que provoca esta actividad en el comercio local, en la economía, en el empleo y, por supuesto, en el bienestar del consumidor».
En este sentido, asegura que la venta de falsificaciones provoca la pérdida de 40.121 puestos de trabajo cada año y, citando datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), las pérdidas anuales de las empresas españolas de sólo 13 sectores afectados por la competencia desleal de la venta de falsificaciones se elevan a 6.175 millones de euros.
«UNA ACTIVIDAD ILEGAL CONTROLADA POR BANDAS ORGANIZADAS»
Para el director general de Andema, José Antonio Moreno, los nuevos equipos de gobierno municipal «deben abordar la venta ilegal de falsificaciones en el top manta y mercadillos como lo que es: una actividad ilegal controlada por bandas organizadas, que instalan focos de economía sumergida en las principales calles de nuestras ciudades, ocupando ilegalmente el espacio público, que es de todos».
Así, critica que esta venta de artículos falsos compite «de forma desleal con los comercios legales», pues «no pagan impuestos e incluso pueden interferir en la seguridad de los transeúntes en un caso de emergencia».
CREE QUE SE HA DADO LA ESPALDA A LOS COMERCIANTES
«La legislatura pasada fue un ejemplo de lo que no tienen que hacer ciertos ayuntamientos: dar la espalda a los comerciantes y a las marcas y ponerse del lado de los manteros, por una supuesta consideración social del problema», ha aseverado.
En este sentido, considera que esta consideración «debe abordarse con medidas sociales, no permitiendo la comisión de infracciones administrativas y delitos». «Esta dejación de competencias de actuación policial desalienta al comercio y a las marcas, espanta inversiones y genera una imagen de ciudad y de país muy alejada de la que deberíamos dar a los turistas que nos visitan», ha afirmado.
