Andalucía señala tras las auditorías al sector instrumental que «no se pondrá en la calle a nadie con derecho adquirido»

SEVILLA, 29

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha apuntado este jueves, al hilo del resultado de las auditorías al sector público instrumental andaluz que encargó el Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) en 2019, y que se ha presentado esta semana, que la Junta «no va a poner a nadie en la calle que tenga un derecho adquirido».

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el vicepresidente andaluz y consejero de Regeneración se ha pronunciado así al ser preguntado por la situación en la que quedan los trabajadores de los entes instrumentales auditados en estos trabajos.

Juan Marín ha comentado que «no vamos a poner a nadie en la calle que tenga un derecho adquirido». «Eso hay que valorarlo, porque después eso cuesta un dinero», ha añadido el vicepresidente antes de agregar que «lo que tenemos que hacer es centrarnos en analizar en qué situación está cada empresa».

En esa línea, ha insistido en que las auditorías «dicen que hay servicios que hay que integrar y otros que hay que extinguir», y «los que haya que extinguir, se extinguirán, pero en los que hay que incorporar, lo que se hace con ese personal es incorporarlo a» otro área de la administración, y ha agregado que habrá que «leer la letra pequeña» de estas auditorías, que son, según ha abundado, «unos informes, estudios, que nos dicen cómo hay que hacer las cosas, o qué cosas son las que funcionan mal para que las pongamos a funcionar bien».

De este modo, «ahora hay que desarrollar un plan de simplificación de la administración que te dice empresa por empresa qué decisión hay que tomar en cada una de ellas», según ha continuado Juan Marín, quien ha defendido que «los trabajadores pueden estar tranquilos de que van a poder seguir haciendo su labor», aunque «a lo mejor no lo tienen que seguir haciendo donde estaban prestando ese servicio» hasta ahora.

Se trata, según ha continuado, de «ser eficaces» y de «racionalizar el empleo y el gasto», porque «no podemos tener, como se ha visto, una superestructura paralela a una administración como es la Junta cuando gran parte de esa superestructura tendría que estar dentro de la Junta», y «no es posible estar en una misma empresa donde haya 66 convenios colectivos diferentes».

Tras opinar que «a un andaluz le interesa que le presten un servicio de calidad, no dónde», ha agregado que «los trabajadores tienen que estar satisfechos y contentos, porque por fin se les va a reconocer su labor dentro de donde tenían que tener que desarrollarla en muchos casos».

En esa línea, ha comentado que ya ha habido que «disolver» algunas entidades y en esos casos «se ha indemnizado a sus trabajadores y han terminado haciendo otra labor en otro lugar, en otra empresa fuera de la administración». «Si hay que despedir a algún trabajador, se hará como establece la ley», ha agregado.

Marín ha aseverado que «queremos que cualquier andaluz, cualquier español, acceda a un puesto de trabajo por un concurso de mérito y oposición, no por la puerta de atrás», y «los andaluces tienen que estar contentos de que por fin sepamos cuántos trabajadores tenemos en la administración pública, cuántos entes tenemos, en qué situación se encuentra cada empresa», y ha concluido que «es momento de poner punto y final a una mala praxis de 37 años».