Andalucía dice que trabaja en una transición hacia la normalidad y critica que el Gobierno «no tenga plan B»

SEVILLA, 4

El Gobierno andaluz ha anunciado este martes que está trabajando en una «transición andaluza hacia la normalidad» ante la caída del estado de alarma el próximo día 9 y ha criticado que el Gobierno central no haya planteado «un plan B» que facilite herramientas a las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia del coronavirus, sino que pretenda pasar la «pelota» al Tribunal Supremo, en referencia al anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de que dicho órgano judicial tendrá 5 días para resolver sobre medidas adoptadas por las regiones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo ha dado cuenta de esa «transición andaluza hacia la normalidad» en la que está trabajando la Junta, pero no ha detallado ninguna de las medidas que se podrían adoptar en la lucha contra la pandemia en un escenario sin estado de alarma, porque se está a la espera de si el Gobierno central pone sobre la mesa algún plan y «arroja luz» sobre la situación a la que se van a tener que enfrentar las comunidades.

Ha denunciado que el Gobierno central ha tenido 15 meses para poner sobre la mesa una alternativa a un escenario sin estado de alarma «y no lo hace» y se ha negado a consensuar con las comunidades «una vuelta progresiva a la normalidad». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha apuntado Elías Bendodo, se ha «quitado de en medio» y ahora pretenden pasar la «pelota» al Tribunal Supremo.

Después de que el Gobierno central no haya convocado una Conferencia de Presidentes autonómicos, como se le ha pedido desde la Junta «por carta, tierra , mar y aire», según Bendodo, están a la espera de que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará mañana, el Ejecutivo nacional se pronuncie y ponga sobre la mesa alguna alternativa que «arroje luz» a las comunidades ante la caída del estado de alarma.

Sin embargo, según el consejero de la Presidencia, la imagen que está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez es de «nula intención de asumir su responsabilidad y competencias», ya que o bien se la pasa a las comunidades bien al Tribunal Supremo.

Ante este escenario, Bendodo ha expuesto que la Junta sí tiene un «plan» y está trabajando en una «transición andaluza hacia la normalidad», de acuerdo con sus propias competencias y normas, pero, según ha recalcado, hay que esperar a ver si el Gobierno central regula algunas cuestiones.

Ese plan de la Junta es fruto de las reuniones que las distintas consejerías han mantenido con distintos agentes sociales y económicos de la comunidad, que han hecho sus sugerencias, y tendrá que someterse al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), que es el que tomará las decisiones sobre las medidas a adoptar para la lucha contra la pandemia ya sin estado de alarma, según ha indicado Elías Bendodo.

«No podemos avanzar medidas de la Junta, porque queremos saber qué cosas va a regular el Gobierno central», según ha insistido el consejero de la Presidencia, quien, no obstante, ha admitido que se está estudiando cómo regular la situación de las personas que ya están inmunizadas o por la vacuna o por haber pasado la enfermedad, pero «no queremos tomar una decisión que contradiga una posible regulación estatal en este sentido».

El consejero ha insistido en que esas personas debería tener ya cierta libertad de movilidad, porque no tiene sentido que tengan que esperar a que la totalidad de la población esté inmunizada.

Asimismo, el consejero ha indicado que la Junta tampoco quiere adoptar decisiones que puedan ser tumbadas por los tribunales, sobre todo, cuando ello no ocurrió con las decisiones que se adoptaron tras decaer el anterior estado de alarma. «No queremos que ahora pase lo que no pasó la otra vez», según ha indicado el consejero, quien ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central dé herramientas a las comunidades para que no se vean en esa situación de que los tribunales tumben medidas que adopten para luchar contra la pandemia.