Sanidad encomienda a Justicia que asegure la prestación de servicios esenciales
Algunas CCAA han dado instrucciones para que los funcionarios acudan a los juzgados cuando sea necesario
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que dictará este jueves una orden en la que encomendará al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, «la coordinación» de todas las «administraciones estacionales» para que se asegure la prestación de servicios mínimos esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.
Así, lo ha dicho en la rueda de prensa que ha celebrado junto al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la que se ha informado de las novedades en las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno dentro para luchar contra el COVID19.
Entre ellas, ha anunciado que este mismo jueves dictará una orden para que el responsable de la cartera de Justicia lleve a cabo la «coordinación de todas las administraciones estacionales de la Administración de Justicia», con el fin de asegurar que se «produzcan los servicios mínimos que en cualquier caso deben estar garantizados».
Illa dicta esta instrucción gracias a las competencias que le otorga el Real-Decreto ley por el que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, para gestionar la crisis sanitaria del coronavirus.
DISTINTAS INSTRUCCIONES PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES
El mismo día que se declaró el estado de alarma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, estableció la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, a salvo de los servicios esenciales, debiéndose mantener los edificios judiciales abiertos y operativos a estos efectos.
Desde entonces, el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha ido actualizando diversas instrucciones sobre medidas a adoptar respecto de los funcionarios de Justicia con motivo del COVID-19.
Aún así, tanto funcionarios como jueces y fiscales han manifestado públicamente sus reiteradas quejas acerca de la falta de recursos en las sedes judiciales españolas para garantizar la protección de los trabajadores que acuden a estos edificios para prestar dichos servicios esenciales.
PLAN DE «DISPONIBILIDAD NO PRESENCIAL»
Por ello, algunas comunidades autónomas con competencias transferidas han previsto un plan de «disponibilidad no presencial» en los juzgados para preservar la seguridad de los funcionarios, que sólo se desplazarían hasta las sedes judiciales en caso de necesidad, y garantizar así los servicios esenciales. Un instrucción que este miércoles fue aprobado por la Generalitat de Cataluña y que ya ha sido suspendida.
El órgano de gobierno de los jueces ya se pronunciado al respecto y en un contundente comunicado distribuido este jueves ha rechazado dichos planes al considerar que «en estos momentos cruciales» impediría en la práctica la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos.
