Andalucía anuncia un «plan de choque» vinculado a la Ley de Vivienda que prevé aprobar en «marzo de 2025»

SEVILLA, 23

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes, 23 de julio, el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que tendrá como principal objetivo «impulsar y favorecer el derecho a la vivienda» en la comunidad autónoma, cuyo «borrador definitivo» la Junta prevé aprobar «en marzo de 2025», y que vendrá acompañada de un «plan de choque» para afrontar el «problema» de la vivienda en la comunidad autónoma.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha dado cuenta de este anteproyecto de ley en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido junto al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, y la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo.

Rocío Díaz ha defendido que la futura ley «establecerá las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes, la habitabilidad de las viviendas y la protección a las personas con más dificultades», así como ha anunciado que la norma incorporará, además, «un plan de choque para poner a disposición suelos y nuevas viviendas de manera inmediata».

La consejera ha remarcado que Andalucía es la primera comunidad que impulsa una ley propia tras la Ley Estatal de Vivienda que, tras un año de vigencia, «no ha resuelto los problemas de la vivienda» y que el Gobierno andaluz recurrió al Tribunal Constitucional, que determinó que «había invadido competencias en la materia que eran exclusivas de Andalucía», según ha destacado Rocío Díaz, que ha valorado que dicha sentencia de la corte de garantías «dio la razón a la Junta de Andalucía» en ese punto.

La consejera ha señalado también que la Ley de Vivienda de Andalucía «vendrá a resolver la dispersión normativa existente» con la derogación de cuatro leyes andaluzas, «el encarecimiento del precio para la venta y para el alquiler, la falta de oferta de vivienda en alquiler, las dificultades de los jóvenes y otros colectivos para su emancipación, el envejecimiento del parque residencial o las carencias de espacios públicos y zonas verdes».

Además, esta ley «nace para cumplir con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como recoge la Constitución, en su artículo 47, y el Estatuto de Autonomía, en el 56», según ha subrayado Rocío Díaz, que ha agregado que el anteproyecto «ha surgido del diálogo y del consenso, reflejando en el texto las aportaciones recibidas de los agentes del sector durante el periodo de consultas públicas».

Con sus aportaciones, la futura norma «busca el equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias», según ha continuado defendiendo la consejera, quien ha señalado que el documento actual es un borrador sobre el que ahora se trabajará durante el periodo de tramitación.

EJES PRINCIPALES DE LA LEY

Este anteproyecto de Ley –que el Gobierno andaluz remitirá a los grupos parlamentarios, según ha avanzado la consejera– se sustenta en varios «ejes principales» como que «se centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible», mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la «incorporación inmediata» de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial, para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

En segundo lugar, «se apostará por el incremento de la oferta de vivienda, en la línea de lo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019, con subvenciones a promotores públicos y privados, entre otras actuaciones».

El anteproyecto de ley crea la figura de las «áreas prioritarias», en las que existen «mayores dificultades para el acceso a la vivienda», y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Además, «se simplificará» la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda, según ha agregado la consejera, quien también ha indicado que se impulsará igualmente la colaboración público-privada, «para garantizar una oferta de adecuada».

De igual modo, el Gobierno andaluz se compromete a que la futura Ley de Vivienda de Andalucía «perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente».

En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que «por motivos diversos se desplazan». Asimismo, el anteproyecto se detiene en la mejora y optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados.

También se apuesta «por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres», además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.

PLAN DE CHOQUE

Por último, el Gobierno andaluz ha incluido una disposición adicional primera para «hacer frente al problema de la vivienda» con un plan de choque, que «actuará de forma inmediata y pondrá a disposición suelos y nuevas viviendas que destensen un escenario que está marcado por la ley estatal de vivienda», según ha señalado la consejera del ramo.

Este plan permitirá construir VPO en suelos dotacionales «sin acudir a la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística», y se destinarán a vivienda protegida en alquiler permanente. Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado, y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.