Andalucía afirma que la compra de mascarillas fue «transparente» y que pagó un 35% menos que el Gobierno de España

SEVILLA, 15

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha trasladado este viernes que la compra de material de protección para los profesionales sanitarios durante la pandemia se realizó «con total transparencia». En este sentido, ha puntualizado que la compra de mascarillas a la empresa FCS Select Products S.L. –una de las compañías de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está investigando la Fiscalía– resultó un 35,4% más económica que lo que abonó el Gobierno de España por el mismo producto.

De hecho, la Junta pagó 0,31 euros más IVA por mascarilla con un total de 1,1 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad abonó por el mismo producto 0,42 euros más IVA, hasta un lote total de 280 millones de euros. Asimismo, en una nota de prensa, la Junta ha sostenido que «es importante recordar que en enero de 2020 las plataformas logísticas provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya comenzaron a experimentar dificultades para comprar material de protección a las empresas habituales y con las que había contratos formalizados, tal y como estaba ocurriendo a nivel mundial».

Una situación, continúa la Junta, que «se vuelve crítica en la semana del 16 al 20 de marzo, tras «requisar» el Gobierno de España mediante Decreto el material de protección que iba a ser entregado al SAS a través de sus proveedores habituales y después de que estos retirasen los productos, precisamente, por temor a que fuesen requisado por el Gobierno de la Nación. A causa de esto, Andalucía perdió varios pedidos por 1,7 millones de mascarillas.

Ante la falta de entre de los pedidos comprometidos para Andalucía y la escasez de envío de material por parte del Gobierno de España, que decidió centralizar la compra de material, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una modificación para poder pagar por anticipado a las empresas importadoras, que exigían el 50% por adelantado y otro 50% a la entrega del material. «Gracias a esta decisión, el SAS emprendió una serie de medidas de gestión de compras y de stocks para conseguir materiales que dieran garantía de abastecimiento en semanas e incluso meses», ha recordado la Administración autonómica.

Sobre estas actuaciones, la Consejería de Salud y Consumo ha destacado el «seguimiento diario» de los pedidos pendientes de recibir con información de las fechas programadas por los proveedores para el envío de la mercancía al Almacén Central de Sevilla, así como la recepción en el Almacén Central de Sevilla del material enviado por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, se realizaba un seguimiento diario de los stocks de materiales relacionados con los EPIS de todos los almacenes provinciales con el objeto de determinar reparto de cantidades y priorización de entregas por provincias, según casos confirmados, de los materiales comprados por esta comunidad y enviados por el Ministerio, que se distribuyen de forma inmediata por provincia según el reparto asignado.

Además, se envíaba semanalmente al Ministerio de Sanidad en cumplimiento de la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, modificada por la Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, de la información relacionada con las necesidades de recursos materiales para la contención del Covid-19. Por último, se realizaban nuevos pedidos para poder abastecer los incrementos de demanda previstos.

Al respecto, el 23 de marzo la Junta de Andalucía, mediante un acuerdo de Emergencia, realizó una compra de materiales de protección para los profesionales sanitarios frente a la Covid-19 por valor de más de 23 millones de euros, de fondo propios. Entre ellas, tres millones de unidades de mascarillas quirúrgicas EFB 95%, por valor de 1,1 millones de euros, a la empresa FCS Select Products S.L.

El contacto con esta empresa se realizó a través de un buzón de proveedores, que se puso en marcha para que las empresas que dispusieran de material se ofrecieran a la Junta de Andalucía. La Administración andaluza, entonces, optó por las empresas que aunaban mayor calidad en sus productos y mejor precio (en este caso un 37% más económico que el precio por las que las adquirió el Gobierno de España). No existió incidencia alguna con dicha empresa, ni se suscribió ningún otro contrato con la misma antes o después del mencionado.