Andalucía afirma que el Gobierno central «desmantela el transporte público» y exige «más diálogo»

SEVILLA, 6

El Gobierno andaluz ha mostrado este miércoles su desacuerdo con la «política de desmantelamiento del transporte público» que ha sostenido «promueve» el Gobierno central y ha solicitado «diálogo y consenso» para, entre otros asuntos, aprobar un nuevo mapa concesional estatal del transporte por carretera.

Así lo ha expresado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación el Territorio en funciones, Marifrán Carazo, quien ha intervenido presencialmente en la Conferencia Nacional de Transportes celebrada en Madrid. Allí, Carazo ha lamentado que «el objetivo» del Gobierno de Pedro Sánchez sea «acabar con el servicio de transporte colectivo como se constata en proyectos como la Ley de Movilidad Sostenible, que supone el final del transporte ferroviario de media distancia al responder a criterios de competitividad y no de servicio público para el medio rural».

Además, ha apuntado que «olvida la financiación y sigue sin resolver el agravio comparativo con Andalucía, cuyos consorcios no reciben financiación del Estado frente a otros que sí (Barcelona, Madrid, Valencia y Baleares)», y el nuevo mapa concesional de transportes «con un planteamiento en el que Andalucía es una de las comunidades más afectadas, ya que supondrá la supresión de 416 rutas de autobús (con una demanda en 2019 de 449.069 viajeros), cuya población atendida reside en 83 municipios, es decir, se recorta la mitad de los servicios».

«El Gobierno central no ha tenido en cuenta en este mapa concesional ni el interés público, ni el social, ni la vertebración del territorio, sólo la rentabilidad económica», ha criticado la consejera tras indicar que es un «mazazo al desarrollo de la España vaciada y da un duro golpe a la estrategia establecida para afrontar el reto demográfico en la Andalucía interior».

«De llevarse a cabo en los términos actuales, quedaría patente la falta de compromiso del Gobierno en la lucha contra el reto demográfico. Compromiso que tantas veces dice abanderar, aunque realmente son el resto de administraciones las que tienen que tomar las decisiones», ha sentenciado la consejera que, en el apartado de ruegos y preguntas, se sumó a las críticas realizadas por consejeros homólogos de otras comunidad autónomas ante el rechazo del Ministerio de incluir en el orden del día de la Conferencia el proyecto del nuevo Mapa Concesional de Transporte Estatal.

Asimismo, Carazo ha instado al Ministerio de Transporte, Movilidad y AgendaUrbana, dirigido por Raquel Sánchez, a que no adopte las decisiones que afectan a las Comunidades Autónomas «de forma unilateral» y a que clarifique cuáles son losabonos de transporte colectivo que se beneficiarán de la reducción del 30%, incluida dentro del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, «ya que en Andalucía la tarjeta de los Consorcios ya incluyen bonificaciones respecto al billete sencillo».

Además, la titular andaluza de Fomento ha tildado de «agravio comparativo evidente» que el sistema de transporte del Estado se bonifique con un 50 por ciento mientras que las comunidades sean al 30 por ciento y propongan que sean los gobiernos autonómicos los que puedan asumir la diferencia, cuando la Junta de Andalucía ya tiene bonificaciones en su tarjeta de los consorcios por encima de ese 20 por ciento de diferencia (tarjeta consorcios, Tarjeta Joven, Tarjeta Familia Numerosa y los bonos de los tres metros andaluces).

Además, la medida estatal es sólo para cuatro meses (de septiembre a diciembre), siendo «una chapuza o parche», por lo que Andalucía ha pedido que sea una medida permanente. «Es incomprensible que el Ministerio pretenda fomentar el transporte público con medidas efímeras que confunden a los ciudadanos frente a las que ya tienen las comunidades más contundentes y permanentes», ha insistido la consejera tras recalcar que son «insuficientes».

Carazo ha lamentado que el Gobierno de Sánchez «no haya determinado si además del 30% se darán ayudas para compensar los gastos financieros y de implantación, puesto que el Ministerio sí las fija para las suyas (en el 10% adicional) a los operadores estatales».

En la reunión, la consejera ha destacado que existen incertidumbres sobre si los fondos asignados cubrirán realmente la reducción tarifaria del 30 por ciento y sobre cuándo llegarán realmente las ayudas a las comunidades. Asimismo, Carazo ha lamentado que no se contemplan ayudas para la reducción de tarifas del catamaránde la Bahía de Cádiz que une la capital con Rota y El Puerto de Santa María.