Indígenas ecuatorianos secuestran a tres funcionarios para recuperar el cadáver de una víctima de COVID-19

Dos policías y otra funcionaria de Ecuador han sido secuestrados en la provincia de Pastaza, en la región amazónica (este), por una comunidad indígena que exige a las autoridades que les entreguen el cadáver de uno de los fallecidos por coronavirus, según ha informado este viernes la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

«Ayer (jueves) en Kumay, Pastaza, dos policías y una funcionaria de la gobernación fueron secuestrados. Exigen la entrega de un ciudadano fallecido por COVID-19 que fue enterrado –según protocolo– en Mera», ha anunciado Romo vía Twitter.

Además, ha difundido unas fotografías que muestran a los dos agentes y a la funcionaria, los tres con mascarilla, sentados en una mesa en aparente buen estado. En otras dos imágenes se ve a los indígenas que serían responsables del secuestro, que la ministra ha identificado como Wilson Shirian y Roberto Peas.

De acuerdo con el diario ecuatoriano El Comercio , los secuestrados acudieron a Kumay por una supuesta denuncia de violencia de género. Una vez allí fueron capturados y trasladados a la comunidad indígena.

Los indígenas han explicado que no están secuestrados, sino retenidos temporalmente hasta que les entreguen el cadáver del líder kumay Alberto Mashutak. «Nos han violentado nuestros derechos porque después de enterrar debemos ir a la cascada a bañarnos. Mientras no nos entreguen el cuerpo, no vamos a devolver a los compañeros», han dicho.

La titular de Interior ha defendido que «estos protocolos (de entierro) existen para evitar nuevos riesgos de contagio en la población». «Es una medida sanitaria aquí y en la mayoría de países del mundo», ha reivindicado.

En cualquier caso, Romo ha sostenido que «los policías no pueden ser considerados moneda de intercambio ni en esta ni ninguna circunstancia», subrayando que «el secuestro es un delito».

El jefe de la Policía, Patricio Carrillo, ha coincidido con Romo en que «todos los ciudadanos están obligados a cumplir la ley». «Los derechos de las comunidades no están por sobre el derecho a la vida y la libertad de los secuestrados», ha afirmado en Twitter. Además, ha advertido de que enviarán «unidades especiales para intervenir de ser necesario».

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