(Ampl) Montero trabaja «intensamente» en los PGE y confía en que el Congreso los apruebe en febrero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que trabaja «intensamente» para poder acordar con las formaciones políticas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, y espera que el proyecto presupuestario entre en el Congreso a principios de diciembre, de forma que, si se habilita el mes de enero para su tramitación parlamentaria, podrían estar aprobados por las Cortes en el mes de febrero.
Así lo ha señalado Montero durante su intervención en el Foro Cinco Días y en declaraciones a los periodistas, después de que ayer la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, abriese la puerta a una prórroga a los Presupuestos de este año, elaborados por el Gobierno anterior del Partido Popular, en el caso de que el plan presupuestario para 2019 no logre los apoyos necesarios por parte del resto de partidos políticos, una opción que sigue siendo el «plan A» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Montero ha aclarado que el Ministerio de Hacienda «en absoluto» contempla la prórroga presupuestaria, sino que se encuentra inmerso en un trabajo «intensísimo» de negociaciones, con la idea de que los PGE puedan entrar en el Congreso «a principios de diciembre» y continúen con la tramitación parlamentaria, que dependerá de si se habilita o no la Cámara Baja en el mes de enero, normalmente inhábil.
«No sería descartable que se pueda habilitar el mes de enero para la discusión parlamentaria. En febrero, si se habilitara el mes de enero en el Congreso, podríamos tener un escenario más o menos cierto de las cuentas públicas», ha afirmado.
Antes de intervenir en el acto, Montero ha dicho en declaraciones a los periodistas que «en absoluto» trabaja en el escenario de prórroga presupuestaria, sino que está trabajando «intensamente» para poder acordar con otras formaciones unas cuentas que «son buenas para todos los ciudadanos», especialmente para los españoles con pensiones bajas, para subir el Salario Mínimo y para retomar el nivel de dependencia.
«Hay una tarea importante por delante, estamos en negociaciones con alguna formación política y continuaremos con lo siguiente. En materia de negociaciones tengo que ser discreta», ha agregado.
En el acto ha reiterado que no contempla un escenario de no aprobación de los PGE y ha defendido que las diferencias entre ideologías «no puede ser un problema irresoluble», por lo que ha recalcado que las formaciones políticas deben ser capaces de abandonar de forma «moderada» algunas posiciones iniciales y acercarse a puntos de encuentro. «La madurez y propuesta necesita una cierta relajación en ambiente negociador y necesita cierto tiempo», ha añadido.
RECHAZA «CHANTAJES» PERO ABOGA POR DEJAR QUE «LAS CUESTIONES MADUREN»
Eso sí, ha matizado que buscar el consenso en política «no significa aceptar chantajes, ni arrodillarse ni no responder a los principios y valores que inspiran a cada uno», sino debatir para avanzar y combatir la desafección de los ciudadanos ante unas instituciones que ven «lejanas» e «inmunes a sus necesidades».
Por ello, ha apelado a «todos los partidos» a debatir y negociar los próximos PGE, máxime cuando «la diversidad en el panorama electoral ha llegado para quedarse», lo que apremia a que los políticos practiquen mejor la manera de aunar intereses.
A su juicio, sería «muy complicado» de entender que algunas formaciones se opongan a las nuevas cuentas públicas. Sobre las formaciones catalanas que se han pronunciado con mayor dureza en los últimos días respecto a su apoyo a los PGE, se ha limitado a recordar que «hay que dejar que las cuestiones maduren», ya que si los Presupuestos son buenos, «no hay ningún motivo para que las fuerzas independentistas no los apoyen. Además, ha insistido, una vez más, que el Ejecutivo solo hablará de cuentas públicas con estas formaciones.
IMPUESTOS
En cuanto a los ingresos, Montero ha dicho que hay «numerosos ejemplos» que evidencian cómo la bajada de impuestos no incrementa la recaudación, sino que afecta «sobremanera» el déficit público, ya que, por ejemplo, la rebaja impositiva del Gobierno de Mariano Rajoy tuvo un impacto de 12.000 millones menos de recaudación.
«Todo el esfuerzo y el sacrificio no sirvió ni para salir del procedimiento de déficit excesivo en el plazo comprometido ni para aliviar la deuda pública, que pasó del 60% al entorno del 100% del PIB», ha criticado Montero, advirtiendo de que supone una «losa» para generaciones futuras, aunque el plan presupuestario contempla doblar la reducción de la deuda.
En cuanto a medidas impositivas concretas, Montero ha anunciado que el Gobierno mantendrá los actuales límites que permiten la tributación por módulos para los autónomos, lo que beneficiará a medio millón de autónomos.
Sobre el Impuesto de Patrimonio, ha defendido que «no hay doble fiscalidad», y que el tributo «merece una reflexión», por lo que «se podrá mejorar y contemplar figuras tributarias más asequibles con mejores condiciones de pago», si bien ha perseverado en la defensa de que los contribuyentes con mayor riqueza por «cuestiones de nacimiento» puedan contribuir en mayor medida a la redistribución de la misma.
En cuanto a la regulación de las criptomonedas, ha detallado que espera tener una información «mucho más certera» de lo que hay en torno a estos productos porque hay un «gran desconocimiento» en la Hacienda Pública sobre cómo se comportan. Por ello, primero se analizarán las características de este producto y su volumen para ver si es conveniente su regulación.
Preguntada sobre si Hacienda tiene previsto gravar el azúcar en los productos elaborados, ha indicado que hay algunos proyectos «puestos encima de la mesa», si bien en la actualidad no ha sido una de las medidas elegidas para la reforma fiscal, y ha precisado que ese tributo, como los referidos al medio ambiente, no persiguen la parte recaudatoria sino que van en la línea de la concienciación y en pro de la salud.
DICE QUE LA MODERACIÓN ECONÓMICA VIENE DESDE 2015
La titular de Hacienda, que ha reconocido que la socialdemocracia «no supo» estar al frente en los años de crisis, lo que propició que la ciudadanía «le diera la espalda», ha centrado buena parte de su discurso en criticar la gestión del anterior Gobierno del PP, por sus política «tremendamente injusta, involucionando en derechos y retrocediendo en la convergencia social».
En este sentido, ha rechazado también la «casualidad» de las corrientes de opinión que achacan una supuesta recesión al Gobierno socialista, y ha recordado que la política económica del PP tocó «techo» en 2015 cuando España obtuvo el punto máximo de crecimiento, y desde entonces viene registrando una «ligera moderación» por factores externos, como las tensiones comerciales internacionales, la normalización de la política monetaria o la inestabilidad financiera derivada del Brexit. «Lo ha reconocido el propio De Guindos hace unas semanas», ha enfatizado.