AMPL Dí az Tezanos espera que Solvay y CUF cierren el acuerdo definitivo «en los pró ximos dí as u horas»

Medio Ambiente autoriza la segregación de la planta de cloro a favor de CUF, con la denominación Altamira Electroquímica del Cantábrico

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, espera que «en los próximos días u horas se pueda cerrar ese acuerdo definitivo» entre Solvay y el grupo portugués CUF para la construcción de la nueva planta de cloro en las instalaciones de Barreda.

Díaz Tezanos ha dado en nombre del Gobierno «la bienvenida» a la química lusa a Torrelavega y a Cantabria, y ha destacado que «solamente con la denominación que ha elegido» -Altamira Electroquímica del Cantábrico SA- «muestra su interés por identificarse con nosotros».

La vicepresidenta ha realizado estas afirmaciones en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, donde ha comparecido este miércoles, junto con el director general del área, Miguel Angel Palacio, en ambos casos por una petición de Podemos aprobada por unanimidad, con motivo de la denegación de la moratoria solicitada por Solvay para continuar con la producción de cloro con tecnología de mercurio durante dos años.

Díaz Tezanos ha explicado que desde la denegación de la moratoria el pasado 20 de septiembre, se han producido «novedades muy positivas» en el marco de las negociaciones entre Solvay y CUF.

RECOLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En ese sentido, ha dicho que «aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, el escenario más probable es que finalmente se alcance ese acuerdo entre ambas partes», que garantice la inversión para construir unas instalaciones de producción de cloro en la fábrica de Barreda con tecnología de membrana. Máxime cuando el pasado 9 de noviembre, Solvay «ha hecho público que se compromete a recolocar a los trabajadores de la planta de cloro».

Tanto Díaz Tezanos como posteriormente el director general de Medio Ambiente, han notificado que el pasado 24 de octubre, Solvay solicitó la segregación de la planta de cloro del resto de las producciones y el cambio de titularidad a favor de la sociedad anónima Altamira Electroquímica del Cantábrico, constituida por CUF, a partir del 11 de diciembre.

Segregación que la Dirección General de Medio Ambiente ha aprobado el 8 de noviembre, en una nueva Autorización Ambiental Integrada a nombre de la citada sociedad. Paralelamente, el Ayuntamiento de Torrelavega ha concedido la licencia de obra para la construcción de la nueva planta de cloro con tecnología de membranas.

Díaz Tezanos ha recordado que la fábrica de cloro de Solvay sostiene alrededor de 100 puestos de trabajo: 40 directos, 15 indirectos y el resto inducidos. La inversión para su conversión al sistema de membranas se cuantificó en su día en 55 millones de euros. DENEGACIÓN DE LA MORATORIA

Sobre el proceso que concluyó con la denegación de la moratoria de dos años para seguir produciendo con mercurio hasta que estuviera operativa la nueva planta con sistema de membranas, Díaz Tezanos, y también el director general de Medio Ambiente, han reiterado que el expediente se ha tramitado con «transparencia total y absoluta», y que el Gobierno regional ha garantizado la «seguridad jurídica» y no ha incurrido en «ninguna discrecionalidad».

La vicepresidenta ha explicado paso a paso el proceso administrativo seguido desde que a finales de 2013, la Unión Europea prohibió el uso de la tecnología de mercurio en la fabricación de cloro en un horizonte de cuatro años, a partir del 11 de diciembre de 2017.

Ha señalado que Solvay inició entonces la búsqueda de una empresa interesada en la conversión de las instalaciones de Barreda, pero «ni en 2014 ni en 2015 encuentra comprador», y no es hasta junio y julio de 2016 cuando plantea al Gobierno por primera vez la posibilidad de vender la fábrica a la empresa portuguesa CUF, inicia el procedimiento de revisión de la AAI y solicita la moratoria de dos años para mantener los puestos de trabajo, evitar el deterioro de los equipos y mantener la cartera de clientes.

Díaz Tezanos ha explicado que a la resolución favorable a la moratoria emitida de forma provisional por la Dirección General de Medio Ambiente en abril de 2017, se presentaron durante el periodo de información pública alegaciones en contra de Ecologistas en Acción, ARCA, el sindicato USO, la empresa Ercros, el Gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente y Traperos de Emaus, entre otros.

Ha añadido que en junio, el servicio jurídico de la Consejería de Medio Ambiente optó por pedir un informe a los servicios jurídicos centrales del Gobierno de Cantabria por tratarse de una cuestión «compleja» de la que pueden derivarse «interpretaciones divergentes» y a la postre «derivar en recursos». Ese informe y otro complementario que se solicitó después al mismo órgano fueron contrarios a la moratoria.

PODEMOS: LA MORATORIA «NO ERA NECESARIA»

«El debate se ha cerrado con un informe concluyente que el Gobierno respeta», ha sentenciado la vicepresidenta. Desde Podemos, Verónica Ordóñez ha dicho que «afortunadamente no habéis podido conseguir» la moratoria, que a su entender «se ha demostrado que no era necesaria porque los puestos de trabajo están garantizados».

La diputada podemita cree que este asunto «huele mal» y que desde Medio Ambiente se han hecho informes «de parte». Así, ha afirmado que el Gobierno es «reincidente en bordear las leyes o saltárselas directamente», le ha acusado de anteponer intereses empresariales a los ambientales, y ha opinado que «el mayor riesgo para Cantabria es la Dirección General de Medio Ambiente, a la vez que ha pedido la dimisión de su titular.

El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha afirmado que el bipartito PRC-PSOE «ha querido poner el carro de los bueyes anunciando que la prórroga se iba a dar antes de tener asegurado jurídicamente que era viable». Y aunque los puestos de trabajo «parece que se han salvado con este acuerdo», ha puesto el acento en las contratas que trabajan en exclusiva para Solvay o son su principal fuente de ingresos.

Desde el PP, el exalcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha acusado de «negligencia y temeridad» a la vicepresidenta, que en su opinión «no ha hecho las cosas a tiempo y se le ha pasado el arroz» en este tema, con un «resultado inapelable que es el cierre de la planta durante dos años», y también, a su entender, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores recolocados.

«El problema sociolaboral lo resolverá Solvay», ha dicho Calderón, quien ha confiado en que las negociaciones «lleguen a buen puerto». A la vez, ha mostrado su «preocupación» por el futuro del complejo fabril de Barreda, en un contexto en el que Solvay está «invirtiendo cantidades ingentes de dinero» en la modernización de otras fábricas del grupo.

Díaz Tezanos le ha replicado que «no somos salvadores de empresas, sino un Gobierno que ayuda y facilita, y que ha respetado la libertad empresarial de una empresa privada», el mismo motivo por el que el Gobierno del PP «no hizo nada en 2013, 2014 y la primera mitad de 2015».

Ha insistido que el Gobierno ha ofrecido «todo el apoyo a Solvay y a todas aquellas empresas que llaman a la puerta del Gobierno, empresas que hace dos años no sabían donde llamar porque no se abría ninguna puerta», ha apostillado. Y ha denunciado que el PP «nunca ha hecho nada por la industria de Torrelavega y su comarca», que «está como está por decisiones del PP regional y nacional», ha dicho.

Por último, ha reiterado que el Gobierno ha ofrecido a Solvay desde 2016 toda su colaboración en la tramitación de un expediente «muy complejo y muy difícil desde el punto de vista jurídico». Ha añadido que Solvay «ha hecho todo lo posible» por sacar adelante el proyecto, igual que «las empresas de la competencia han hecho todo lo posible para que no saliera adelante».