AMP/Memoria- Bildu y Gobierno pactan reconocer víctimas de torturas hasta 1983, que podría afectar al GAL con González

Podría extenderse al secuestro de Segundo Marey, el asesinato de Lasa y Zabala o al atentado contra el dirigente de ETA Txapela

La portavoz del Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha anunciado este martes que su grupo apoyará la Ley de Memoria Democrática tras haber pactado con los grupos del Gobierno que la norma reconozca a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada guerra sucia contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. También se contempla declarar «ilegales» los tribunales creados por el franquismo.

Este acuerdo permitirá al PSOE y Podemos acercarse a la mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática pese a la oposición del PP, Vox y Cs y la falta de acuerdo con ERC, y es que el Gobierno también tiene atado el apoyo del PNV y de otras minorías, como el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Por lo pronto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ERC y Junts se han abstenido este martes en la reunión de la ponencia, pero se reservan la opción de votar en contra en la Comisión Constitucional del lunes o en el Pleno en julio.

UNA COMISIÓN TÉCNICA REVISARÁ LOS CASOS

En virtud de un acuerdo con Bildu y Más País, en un año desde la entrada en vigor, el Gobierno deberá designar una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

También se modifica la exposición de motivos para justificar la creación de esta comisión. En concreto, se menciona la posibilidad de que incluso después de la entrada en vigor de la Constitución, «pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos».

Preguntada por el alcance de esta enmienda y la posibilidad de que afecte a miembros de ETA torturados o incluso a víctimas de la guerra sucia Aizpurua ha incidido en que se refiere a todos los que sufrieron vulneración de derechos humanos, dando a entender que ese colectivo estaría incluido.

Es decir, que podría extenderse a casos como el secuestro de Segundo Marey, que se produjo el 4 de diciembre de 1983, al ser confundido por el etarra Mikel Lujua; al secuestro el 15 de octubre de ese año y el posterior asesinato de José Antono Lasa y José Ignacio Zabala o al atentado de los GAL el 28 de diciembre de 1983 que causó la muerte cuatro días después al dirigente de ETA militar Miguel Angel Goikoetxea Txapela en San Juan de Luz.

De su lado, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha rehusado extenderse sobre esta cuestión alegando que la ley tiene que pasar aún por la fase de comisión. Eso sí, ha defendido la conveniencia de «profundizar y avanzar en esa investigación de manera rigurosa y pormenorizada» en el ámbito temporal acordado.

Aizpurua se ha felicitado del acuerdo y ha destacado otras dos enmiendas aprobadas. La primera prevé que en un año el Fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, utilizado como cárcel durante el franquismo, sea declarado Lugar de Memoria, y que se firme un convenio con el Gobierno foral para poder utilizarlo para la difusión de la lucha antifranquista.

ILEGALIDAD DEL FRANQUISMO

La segunda es la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián. Ese edificio fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Francisco Franco en la ciudad, después residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y allí fueron torturados Lasa y Zabala.

Además, PSOE y Unidas Podemos han acordado con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

Además, Más País, Bildu y PDeCAT han introducido otra enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cuales quiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.

REPARACIONES ECONÓMICAS

Con la formación de Íñigo Errejón y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos han cerrado otra enmienda que declara «ilegal» el régimen franquista y reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.

La transacción que reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, de conciencia o religiosas lleva la firma de PDeCAT y MAs País. La auditoría sobre bienes expoliados y derechos incautados que prevé el proyecto deberá llevarse a cabo en un año y luego se fijarán «posibles vías de reconocimiento» a los afectados.

En función de lo pactado con Bildu, Más País y el PDeCAT, el Gobierno deberá designar en un año una comisión técnica que ponga sobre la mesa medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la guerra y la dictadura, en función de lo previsto en la ley estatal y las autonómicas, pronunciándose sobre el grado de cobertura alcanzado hasta ese momento y los déficits que se puedan subsanar.

En solitario con Más País se ha pactado un retoque en la exposición de motivos de la ley para subrayar que la Ley de Amnistía fue una «reclamación histórica de la oposición antifranquista» que tuvo por objeto «amnistiar de todos los delitos de intencionalidad política» y de «infracciones de naturaleza laboral y sindical». También se ha acordado con Errejón que las víctimas a las que ampara la ley tienen derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado.

PERSECUCIÓN DE LAS LENGUAS COOFICIALES

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha destacado los «avances» introducidos en la norma, como el respeto a las competencias de otras administraciones en materia de memoria, y que se vayan a articular mecanismos y recursos para evaluar la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo y sus efectos en la realidad socioligüística actual. Así, se considerarán «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Con el PNV se ha pactado para fijar en un año la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Su portavoz Aitor Esteban, ha resaltado la introducción de una enmienda que servirá para que la Ley de Patrimonio Histórico Español deje de impedir, como hasta ahora, el acceso a los archivos que contienen información sobre la Guerra Civil y la dictadura.

Ese acceso seguirá rigiéndose por esa norma, con la salvedad del artículo 57.1 c) de la misma, que establece que es necesario el consentimiento de los afectados para poder consultar documentos del Patrimonio Documental Español que contengan datos personales de carácter policial, procesal o clínico que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, su vida privada o su imagen.