(AMP) La inspección del Banco de España venía advirtiendo desde 2009 de la falta de provisiones en el Popular

Un inspector señala los «problemas estructurales» que lastraban al banco aunque no aclara si el supervisor adoptó medidas de corrección

El inspector del Banco de España adscrito al Banco Central Europeo (BCE) Ignacio Pardo Cuerdo ha confirmado que la inspección del supervisor nacional venía advirtiendo en sus informes de que el Banco Popular no tenía provisiones suficientes desde 2009, ocho años antes de que finalmente acabara siendo liquidado y vendido al Banco Santander por un euro.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Pardo ha explicado que el equipo de inspección del que formaba parte elaboraba informes sobre las revisiones que realizaban en la entidad, y que, adicionalmente, trimestralmente se elaboraban dos informes, uno de seguimiento y otro de ajustes pendientes de realización.

«En dichos informes, a partir de 2009, en todas esas revisiones, se identificaban necesidades de provisiones. Esa era nuestra conclusión. Nosotros como inspectores, como miembros de un equipo cooperativo, no podemos requerir», se ha excusado, ante la pregunta de varios grupos de por qué no se actuó con medidas concretas habiéndose detectado debilidades en esta entidad.

DESCONOCE SI FINALMENTE SE HICIERON AJUSTES

Así, ha explicado que el órgano competente para poder realizar estos requerimientos sería, en todo caso, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a propuesta del director general. «No les puedo decir mucho más. Decir otra cosa sería asumir una función que no me corresponde», ha zanjado.

Pardo ha explicado que una reorganización interna del personal en el Banco de España acabó con su trabajo de inspección en el Popular en el primer trimestre de 2011. «A partir de ahí desconozco qué se ha producido, si los ajustes se hacen o en qué medida el banco planifica provisiones para realizar esos ajustes», ha dicho. En este sentido, ha asegurado no tener constancia de que pudiera haber habido algún escrito de requerimiento, al no haber participado en este proceso y haber abandonado la supervisión de esa entidad.

«EL POPULAR TOMÓ CONCIENCIA, PERO ERA TARDE»

Respecto a su trabajo en la inspección, ha señalado que tras evaluar el grado de concentración en el sector de la construcción y en el inmobiliario, se adoptaron medidas para reducirlo y se fijó un límite en torno al 25% –en 2008 alcanzó el 36%–, aunque ha reconocido que «esta medida no era suficiente, dada la situación de concentración».

«Cuando analizamos la exposición y la elevada concentración, (el Popular) tomó conciencia de esa concentración. Intentó reducirlo, pero era tarde en ese momento», ha subrayado Pardo, que ha explicado que ese crecimiento se produjo entre los años 2000 y 2007.

«Nosotros, los inspectores, intentamos evaluar el problema, pero hacer desaparecer el problema es complicado. El problema surge entre 2000 y 2007 y podemos transmitir a nuestros superiores las conclusiones a las que llegamos desde un punto de vista profesional y técnico. Decisiones a otro nivel no nos corresponde», ha dicho, remitiéndose a la «línea jerárquica y de toma de decisiones» la adopción de medidas más restrictivas.

CITA «LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN» DEL BANCO

Pese a que ha reconocido los «problemas estructurales» de los que adolecía el Popular –elevado nivel de activos problemáticos, baja rentabilidad, excesiva concentración de riesgo inmobiliario y constructor–, Pardo se ha remitido a las explicaciones oficiales sobre que la declaración de inviabilidad del banco se produjo por un fallo de liquidez.

Un colapso que ha explicado tras un «flujo constante de noticias negativas», que acabaron derivando en un proceso de desconfianza y en una retirada generalizada de depósitos. En este punto, considera que un «elemento clave» en el proceso fue «la política de comunicación» desarrollada por la dirección del banco.

«La información debe ser crucial, sobre todo en un contexto en el que vemos informaciones no ajustadas a la realidad, que se transmiten rápidamente y pueden tener un impacto muy rápido en nivel de confianza», ha aseverado.

LIMITACIONES EN LA SUPERVISIÓN

Durante su intervención, ha reconocido las limitaciones del supervisor a la hora de imponer restricciones a las entidades, una afirmación, ha dicho, compartida por otros directivos del Banco de España, tanto a nivel de supervisión macroprudencial como de la propia normativa.

«Existen recomendaciones o la persuasión moral, pero no existía un aspecto legislativo que permitiera al supervisor exigir qué riesgo inmobiliario y en la construcción no puede ser superior a partir de un determinado porcentaje», ha dicho.

En todo caso, ha reconocido que la supervisión «tiene que ser más intensa en época más favorable», ya que considera que durante los años de expansión crediticia «se podrían haber frenado los ritmos de crecimiento». En todo caso, también ha apuntado que otros agentes, como las tasadoras o las auditoras «tampoco impusieron medidas correctoras para esta situación» y ha señalado a los gestores de las entidades como «principales responsables» de esta situación.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS Y LA PROPIA PRESIDENTA

La falta de precisión y valoración en algunos puntos por parte del inspector ha provocado las críticas de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, así como de la propia presidenta, que ha echado en falta la valoración de una persona que «estuvo a pie del terreno».

Reconociendo las limitaciones impuestas por el Banco Central Europeo, que no le ha autorizado a comentar aspectos de la inspección en calidad de trabajador de este organismo, Oramas ha dicho que los grupos han sido «superrespetuosos» con esta restricción y que lamentaba que el inspector se escudara en su papel de técnico.

«A veces no se trata de dar información confidencial, sino de alumbrar un poco qué errores se cometieron (…) No se quite usted importancia. A nosotros nos interesa la opinión de este inspector», ha dicho.

Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, ha atribuido la limitada información en que Pardo era «un perfecto burócrata europeo», y ha expresado su temor de que el control actual «es tan bueno como era válido para el Popular». «Eso es completamente aterrador», ha espetado.

«No es que nos haya aclarado mucho con su intervención, no sabemos mucho más de lo que pasó con el Popular que cuando entramos en esta comisión y ni siquiera estamos tranquilos de que esto pueda volver a suceder, lo que es francamente preocupante», ha aseverado, por su parte, Jaime de Olano, del PP.

Por su parte, Alberto Montero, de Unidos Podemos, ha dicho que «esperaba bastante» más de su comparecencia, y ha preguntado al inspector si desde la nueva dirección del Banco de España se le había ofrecido algún cargo. «Prefiero no contestar», ha respondido Pardo en su contestación.