AMP- El Congreso veta las peticiones de comparecencia de la ministra de Hacienda por la regularización de Juan Carlos I

El PSOE recuerda que la Justicia ya está investigando y que la ley tributaria prohíbe al Gobierno hacer públicos datos privados

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes las peticiones de comparecencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la segunda regularización fiscal del Rey emérito, por importe de más de cuatro millones de euros. La decisión se ha adoptado con los votos del PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos se ha pronunciado en contra.

La petición de comparecencia de la ministra Montero fue registrada por ERC, Bildu, Junts PDeCAT, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para que explicase «en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de 4 millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón».

Los independentistas también pidieron la comparecencia del responsable de la Agencia Tributaria y registraron preguntas sobre esa segunda regularización fiscal.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ha rechazado tramitar las peticiones de comparecencia y ha filtrado mucho las preguntas registradas, todo ello siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara, que recuerdan que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide hacer públicos datos fiscales privados. Es la misma normativa que impedía dar a conocer la lista de beneficiarios de amnistías fiscales.

HAY «UN CLAMOR» Y HACIENDA NO PUEDE CALLAR

Unidas Podemos, comparte el Gobierno con la ministra Montero, ha votado en contra de que se rechazasen las comparecencias. Según Gerardo Pisarello, uno de sus representantes en la Mesa, hay un «clamor» para aclarar lo ocurrido con esta regularización fiscal y para saber «por qué Hacienda no actúa».

A su juicio, es necesario explicar «de dónde viene ese dinero» de las donaciones recibidas por el rey emérito y por qué no tributaron al fisco. «Si esto es una democracia plena, Hacienda no puede regalarle al Rey un privilegio que implique su absolución», ha señalado el diputado de En Comú.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, una de las formaciones que pedían la comparecencia de Montero, se ha quejado de que la fiscalía y Hacienda hagan «la vista gorda» con los negocios del rey emérito, que está siendo objeto de «un trato de favor intolerable».

Frente a las críticas, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha recodado que las presuntas irregularidades sobre actividades económicas del rey emérito se están investigando en la Justicia, que en su opinión «es su sitio», y en todo caso ha recordado que la ley «prohíbe» a la Agencia Tributaria ofrecer datos de fiscales de carácter personal.

PSOE: EL GOBIERNO NO PUEDE INCUMPLIR LA LEY

«El Gobierno colabora con la justicia, pero no puede incumplir la ley», ha remarcado, insistiendo en que esa investigación sobre el rey emérito «se debe llevar a cabo en el ámbito de la justicia», ya que «las Cortes tienen muchas funciones y entre ellas no está ésta».

Preguntado por qué no siguen el mismo criterio con la operación kitchen sobre el Ministerio de Interior del Gobierno del PP, que también está siendo investigado por la Justicia y ello no ha impedido crear la comisión en el Congreso, Simancas ha replicado que al Parlamento «no le corresponde el control de la acción de la Corona», solo la actuación del Gobierno.

«Incluso en legislaturas anteriores, cuando se trata de un asunto de esta gravedad, esas presuntas irregularidades se tienen que establecer en el ámbito de la justicia y no aquí», ha remachado.