AMP.- Andalucía insiste en que la universalidad es un «derecho fundamental» que «no se debería haber perdido»
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha insistido este jueves en que la universalidad en la asistencia sanitaria es un «derecho fundamental» que «no se debería haber perdido» en el marco del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así se ha pronunciado al consejera a su llegada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra en la sede del Ministerio de Sanidad.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha convocado este jueves, a las 10,30 horas, a las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para tratar, como único punto del día, la devolución de la asistencia universal al Sistema Nacional de Salud.
Se trata del primer CISNS presidido por Montón, que juró su cargo el pasado 7 de junio tras la aprobación de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy, y que se convoca casi tres semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase la hoja de ruta para devolver la universalidad al sistema sanitario.
La consejera andaluza ha celebrado la convocatoria de esta reunión sectorial y se ha mostrado «contenta» por el tema que ocupa el encuentro que es «la recuperación» de la universalidad para el Sistema Nacional de Salud, un «derecho fundamental» que «nunca se debería haber perdido» y que, según ha recordado, en Andalucía «se ha mantenido todos estos años con mucho esfuerzo».
«TARJETA TRANSITORIA» EN ANDALUCÍA
«Hemos seguido manteniendo el servicio para la población más vulnerable porque pensábamos que era una responsabilidad de nuestro gobierno, como gobierno solidario y sensible con los colectivos más vulnerables», ha explicado la consejera, quien ha detallado que en Andalucía existe una «tarjeta transitoria» para las personas que son inmigrante y se encuentran en situación irregular para «permitirles el acceso a toda la atención sanitaria como cualquier andaluz».
En Andalucía se continuó garantizando la cobertura sanitaria universal, a pesar de la aprobación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que excluía, entre otros colectivos, a las personas migrantes en situación irregular.
Álvarez ha subrayado que la devolución de la universalidad «no es un tema económico» sino «un tema político y de voluntad política», porque, según ha asegurado, el impacto económico que genera la atención sanitaria a las personas que quedaron excluidas tras el Decreto Ley del 2012 «no es mucho» puesto que se tratan de colectivos «jóvenes» que «suelen estar sanos».
«Lo que sí tiene un gran impacto económico es no prestar la atención porque nos tocará atenderlos en otros momentos y será más costoso», ha dicho, al tiempo que ha ejemplificado con el caso andaluz, donde en la comunidad a finales de 2017 había 59.000 personas que disponían de la tarjeta transitoria y el impacto «es poco» porque estas personas acuden «con poca frecuencia a los servicios sanitarios».
Por esto, ha consejera ha estimado que el coste de atender a las personas que quedaron excluidas del sistema en Andalucía puede haber tenido «un impacto de 30 millones de euros» en el 2017 que es «un porcentaje muy bajo» si se compara con el conjunto del gasto sanitario de una comunidad autónoma. Sin embargo, la consejera ha abogado por «no hacer hincapié en el coste» y sí poner el foco en que si no se atendieran a todas estas personas «de forma programada», tanto en intervención sanitaria como en prevención y promoción de la salud, se tendrían que atender más tarde en «momentos urgentes cuando el coste sería mayor».
Además, Álvarez ha argumentado que «cuando se puso en marcha el Real Decreto no se valoró el impacto económico» ni tampoco se ha hecho tras haberlo aplicado estos años. «No se ha valorado el impacto económico y el impacto real que supuso del Decreto, pero lejos de suponer un ahorro es lo contrario, porque en muchas ocasiones el coste para atender a esa población es mayor», ha remachado, al tiempo que ha añadido que no atender a esos ciudadanos puede «conllevar problemas de salud pública».
La titular andaluza de Salud ha recordado que diferentes sociedades científicas, ONGs y organismos e instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la propia Unión Europea e incluso el Defensor del Pueblo en España han recomendado que se recupere la universalidad porque eliminarla «lejos de ser una medida de ahorro supone un problema para la salud pública de la sociedad en su conjunto».
Álvarez ha celebrado así el «primer paso importante» que se da con el haber trasladado el tema de la universalidad a una interterritorial porque es un gesto que «demuestra voluntad política» y apertura de «diálogo» no sólo con las comunidades autónomas sino también con la ciudadanía para «revertir la situación lo antes posible y devolver la universalidad al SNS». «Felicito a la ministra por la rapidez con la que se ha hecho la convocatoria, es un día para celebrar por el hecho de que se recupere la universalidad», ha añadido.
Ahora, según ha indicado la consejera, hay que trabajar para buscar la forma de «homogeneizar» la manera en la se va implementar la universalidad al SNS puesto que, hasta ahora, han sido las comunidades las que «han ido buscando vías para dar respuesta» a las personas que se quedaron fuera de la atención sanitaria.
Debido a la variedad de los modelos que cada comunidad puso en marcha para seguir prestando ese servicio universal de salud, la situación es de «inequidad», por lo que los siguientes pasos irán en la dirección de encontrar la forma de garantizar con «seguridad jurídica» que se pueda prestar un servicio universal dentro del sistema nacional. «Habrá un trabajo para darle respuesta legal y normativa para armonizar las posturas con las comunidades y la ciudadanía», ha concluido.
