AMP- 12J-Vocal de la JEC pide reformas para garantizar el voto en crisis sanitarias y admite que se ha «estirado» la ley

El candidato del PP para repetir en el organismo sugiere desvincular su mandato de la legislatura para dar estabilidad al árbitro de las elecciones

El vocal de la Junta Electoral Central (JEC) Carlos Vidal Prado ha admitido este lunes en el Congreso que las elecciones vascas y gallegas han supuesto un «reto» por haberse celebrado durante la pandemia del Covid-19, lo que ha llevado a «estirar las costuras del ordenamiento hasta límites insospechados» y ha pedido que se reforme tanto la Ley Electoral General como las autonómicas para, por ejemplo, poder garantizar el derecho a voto de los contagiados, confinados o los internos en residencias de ancianos sujetas a restricciones.

Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, ha comparecido ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso como el resto de catedráticos aspirantes a formar parte de la Junta Electoral Central, un órgano del que él ya forma parte y al que el PP ha vuelto a proponer como candidato.

Durante la comparecencia para avalar su idoneidad para el cargo, Vidal Prado ha relatado varias de las decisiones que ha tenido que tomar en los últimos años el organismo arbitral y para las que, ha resaltado, no existía una «normativa específica».

Por eso ha señalado algunas de las «lagunas» de las que, desde su punto de vista, se ha evidenciado que adolece la legislación electoral y ha puesto sobre la mesa varios de los puntos que, en su opinión, deberían ser objeto de reforma.

HERRAMIENTAS EXCEPCIONALES EN SITUACIONES EXCEPCIONALES

Para Vidal Prado, no debería haber problemas para llegar a consensos parlamentarios que permitieran acometer las reformas que él propugna, entre las que destaca la introducción de una nueva disposición adicional que prevea qué hacer ante situaciones de emergencia como la actual. Y es que, según ha expuesto, hay que habilitar mecanismos excepcionales porque «no puede ser que sea la administración electoral la que suspenda el ejercicio de un derechos fundamental como el de sufragio».

El vocal ha admitido que hay legislación como la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública que se puede aplicar en estos casos, pero ha hecho hincapié en que la LOREG también recoja herramientas excepcionales a aplicar en situaciones excepcionales como un estado de alarma o una crisis como la del coronavirus.

En su opinión, la suspensión de las elecciones vascas y gallegas previstas inicialmente para el 5 de abril fue «razonable» pero se hizo sin una «cobertura legal específica» y la nueva convocatoria para este domingo también ha puesto de relieve la necesidad de cambiar la LOREG y las leyes electorales autonómicas.

En este contexto, ha resaltado que estas normas no prevén la anulación general o la suspensión de unas elecciones y que es imprescindible establecer qué elementos deben requerirse para evitar que esas decisiones de tomen de forma «unilateral».

Cree que podría contemplarse, por ejemplo, un acuerdo de autorización de la Diputación Permanente de la asamblea que sea vaya a elegir o un informe favorable de la JEC, como el que ha habido en ese caso, pero no por obligación legal, sino por mera «buena voluntad» y «sentido común» de sus miembros.

En esa disposición adicional, según Vidal Prado, también deberían incluirse herramientas para garantizar el derecho a voto de las personas contagiadas, confinadas o que viven en residencias de ancianos sometidas a restricciones de movilidad, asuntos que, ha reiterado, «no deberían quedar en manos sólo de las autoridades administrativas, sino que deberían tener un respaldo legal».

En este mismo sentido se ha manifestado el candidato del PSOE para la JEC, Juan Montabes Pereira, quien también ha defendido la necesidad de reformar el sistema electoral para actualizarlo y evitar las «lagunas» legales que existen como la relativa a la suspensión de las elecciones vascas y gallegas donde, según ha subrayado, se tuvo que «improvisar».

REVISAR EL RÉGIMEN SANCIONADOR

Pero Vidal Prado ha ido más allá y ha defendido una reforma más profunda de la Ley Electoral General para, entre otras cosas, garantizar la continuidad de la composición de la Junta Electoral Central, un órgano que se tiene que renovar al inicio de cada legislatura, lo que ha llevado a sucesivas renovaciones por las recientes repeticiones electorales.

Esta circunstancia, según Vidal Prado, ha sumido al árbitro electoral a una cierta inestabilidad que, desde su punto de vista, no se corresponde con la pretensión de permanencia que considera que recoge la LOREG. En este sentido, ha propuesto que la ley se modifique para «desvincular» el mandato de los vocales de la legislatura.

Otro de los puntos que, a su juicio, deben ser revisados con «urgencia» es el régimen sancionador para las infracciones electorales que, a su juicio, ahora «adolece de problemas de seguridad jurídica» porque no acaba de responder al principio de tipificidad propia de cualquier régimen sancionador.

Para paliar ese déficit ha propuesto introducir una especie de tabla con las infracciones y las sanciones correspondientes y revisar las cuantías de algunas de ellas que, a su juicio, son «ridículas» por ser demasiado bajas.