Amnistía y HRW acusan a las fuerzas de Turquía de cometer abusos en las zonas afectadas por los terremotos

Las ONG exigen investigaciones transparentes sobre las denuncias de agresiones, torturas y malos tratos por parte de policías, gendarmes y militares

Las fuerzas de seguridad de Turquía habrían cometido abusos, incluidas agresiones, torturas y malos tratos, contra personas sospechosas de robo y saqueo en las zonas afectadas por los terremotos registrados el 6 de febrero en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, que dejaron más de 50.000 fallecidos en territorio turco, según han denunciado este miércoles las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

Las organizaciones han denunciado en un comunicado conjunto que al menos una persona murió bajo custodia a causa de las torturas, antes de agregar que, en algunos casos, los agentes no intervinieron para impedir que un grupo de personas agrediera a otras sospechosas de haber cometido delitos. Así, han resaltado que pese al gran desafío de seguridad existente, el Derecho Internacional y las leyes turcas prohíben las torturas y los malos tratos.

«Los informes fidedignos que indican que la Policía, los gendarmes y el personal militar someten a palizas violentas y prolongadas y detención arbitraria y no oficial a personas presuntamente responsables de delitos constituyen una alarmante acusación formal de las prácticas presentes de aplicación de la ley en la región de Turquía afectada por los terremotos», ha dicho el director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson.

«Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideran el estado de excepción decretado con motivo del desastre natural como una licencia para la tortura y otros malos tratos e incluso para matar con impunidad», ha denunciado tras la publicación del comunicado, para el que ambas ONG han entrevistado a 34 personas y examinado imágenes de vídeos disponible que registra trece casos de violencia por parte de agentes contra 34 víctimas.

Asimismo, los investigadores han escuchado relatos y han visto vídeos de personas que supuestamente sufrieron palizas a manos de las fuerzas de seguridad, si bien no han podido corroborar plenamente estos incidentes. Entre los entrevistados hay doce víctimas de tortura u otros malos tratos, dos personas a las que los gendarmes habían amenazado a punta de pistola, testigos y profesionales de la abogacía.

HRW y Amnistía han hecho hincapié en que si bien en cuatro de los casos documentados participaron en las palizas ciudadanos particulares que entregaron ayuda humanitaria a los damnificados por los seísmos, la investigación se ha centrado especialmente en los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Además, han especificado que todos los casos de tortura y malos tratos, salvo tres, tuvieron lugar en la ciudad de Antioquía, con cuatro casos contra refugiados sirios que presentan signos de motivación xenófoba.

Uno de los entrevistados ha relatado que un gendarme le amenazó con matarlo a raíz del estado de excepción anunciado el 7 de febrero por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para diez provincias afectadas por el terremoto, aprobado dos días después por el Parlamento. «Estamos en estado de excepción, te mataremos. Te mataremos y te enterraremos bajo los escombros», afirma que fue la amenaza vertida contra él.

En esta línea, un sirio ha asegurado que un superintendente de la Policía al que se quejó después de que un agente le diera un puñetazo en la cara le trasladó que en el marco del estado de excepción, «aunque ese agente te mate, no tendrá que rendir cuentas». «Nadie podrá decirle nada», destacó, según la versión del denunciante.

Ambas ONG escribieron a mediados de marzo a los ministerios del Interior y Justicia de Turquía para hacerles llegar sus conclusiones, tras lo que la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia respondió que el Gobierno turco tiene una política de tolerancia cero con la tortura y sostuvo que las conclusiones eran «afirmaciones imprecisas desprovistas de base objetiva».

DETENCIONES DURANTE LOS TRABAJOS DE BÚSQUEDA

La mayoría de las víctimas entrevistadas han explicado que fueron detenidas mientras participaban en los trabajos de búsqueda y salvamento o mientras atravesaban barrios de Antioquía. En la mayoría de los casos, las víctimas no quedaron bajo custodia oficial, sino que de inmediato las golpearon o las obligaron a tenderse en el suelo o arrodillarse mientras los agentes las agredían e insultaban, a veces con las manos esposadas.

Además, a algunas las obligaron a confesar delitos, si bien sólo en dos casos se ha llevado a cabo una investigación posterior sobre las víctimas por la comisión de presuntos delitos. «Mi casa está en ruinas, vivo en una tienda de campaña y, por si esto fuera poco, la policía me golpeó y me apuntó a la cabeza con un arma», ha afirmado uno de los entrevistados. «Actuaron como si fuera el salvaje Oeste», ha denunciado.

En esta línea, una víctima de 19 años ha dicho que perdió «toda noción del tiempo». «Me pareció que todo aquello se prolongaba durante una hora y media o dos. Primero fueron los tres, luego un gran grupo de policías llegó y se unió, dándome puñetazos, patadas», ha destacado.

Sin embargo, las víctimas y sus familias presentado denuncias únicamente en seis de los trece casos estudiados. En una de ellas, un hombre afirmó que tanto él como su hermano habían sido sometidos a episodios prolongados de tortura bajo custodia de la Gendarmería y que después su hermano se había desmayado y había muerto estando detenido.

En otros siete casos, las víctimas dijeron que no presentarían denuncias por temor a represalias y porque pensaban que las posibilidades de obtener justicia eran remotas, mientras que varias afirmaron que la muerte de familiares y amigos en los terremotos eclipsó los abusos que habían padecido a manos de la Policía y la Gendarmería.

ABUSOS CONTRA CIUDADANOS SIRIOS

Las ONG han reseñado que los ciudadanos sirios eran los más reacios a presentar denuncias. «La mayoría de los gendarmes trataban a los sirios como ladrones y eran muy agresivos con ellos. No aceptaban a personas sirias en los equipos de salvamento y se mostraban furiosos», ha dicho una mujer que trabajaba como traductora para equipos de búsqueda y salvamento extranjeros.

Asimismo, otro voluntario de nacionalidad sirio ha explicado que no denunciará al considerar que «no servirá de nada». «Me da miedo salir a la calle, porque aparecieron imágenes de mi automóvil en las redes sociales y difundieron vídeos nuestros. Tenemos miedo de que nos ataquen de nuevo. No fui al hospital ni obtuve un informe médico porque temía que me considerasen un saqueador, y somos sirios», ha explicado.

Por su parte, un testigo ha explicado que «unos soldados golpearon a tres jóvenes de unos 20 y 25 años que parecían trabajadores y pobres, a los que consideraron saqueadores y que animaban a los particulares presentes a sumarse a la paliza», mientras que otra persona entrevistado ha asegurado que había visto a un militar decir desde su vehículo en Samandag que «cuando atrapen saqueadores, golpéenlos como deseen (…) pero no los maten».

«Las terribles descripciones e imágenes de la violencia gratuita cometida por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que abusan de su poder en el marco de la peor catástrofe natural que el país haya sufrido no pueden descartarse sin más», ha declarado director de Amnistía Internacional para Europa. Nils Muiznieks.

«Todas las víctimas, incluidas las personas refugiadas, tienen derecho a la justicia y a reparaciones por los daños sufridos. Las autoridades deben abrir sin demora investigaciones penales, sobre todos los casos de tortura y otros malos tratos cometidos por la Policía, la Gendarmería y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y poner a los responsables a disposición de la justicia», ha zanjado.