Amnistía Internacional solicita llevar a Bielorrusia ante la Justicia internacional
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha solicitado llevar a las autoridades de Bielorrusia ante la Justicia internacional por la represión ejercida en el país desde las protestas iniciadas el pasado mes de agosto por la reelección del presidente, Alexander Lukashenko.
Desde el inicio de las protestas hasta principios de diciembre del año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que más de 27.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria en Bielorrusia, así como las propias autoridades del país han admitido haber recibido más de 900 denuncias por abusos policiales.
«Desde que empezaron las protestas posteriores a las elecciones en Bielorrusia, los grupos de Derechos Humanos han recopilado evidencias de la tortura de cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, y han documentado la muerte de al menos cuatro de ellas», ha afirmado la directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, Marie Struthers.
Sin embargo, la ONG ha comprobado que únicamente se han abierto investigaciones penales contra manifestantes pacíficos y las personas denunciantes de abusos policiales se están encontrando numerosas trabas en un sistema creado para intimidar, invalidar y desatender. Por estos motivos, consideran que el sistema judicial bielorruso es un «rotundo fracaso».
La organización ha recogido varios testimonios de personas que fueron detenidas y torturadas en decenas de centros, como el que se sitúa en el centro de la capital, Minsk, conocido con el nombre de Akrestsina.
Entre estos, se encuentran las grabaciones de familiares de detenidos durante la noche del 13 al 14 de agosto del año pasado, en las que se escuchan «incesantes palizas» y «numerosas voces que gritaban en agonía, algunas suplicando clemencia», según recoge el informe de AI.
El documento también expone testimonios de detenidos durante días que explicaron «que le hicieron caminar junto con otras personas detenidas por un pasillo formado por unos 50 policías que los golpearon con porras».
Por tanto, Struthers ha considerado que «la escala sin precedentes de las constantes violaciones de Derechos Humanos y la total impunidad de las personas responsables en el país requieren que se adopten o se establezcan mecanismos internacionales para su investigación y procesamiento».
