Amnistía Internacional denuncia deficiente gestión sanitaria en la pandemia y sus graves consecuencias no covid

El sistema de Atención Primaria en España ha sufrido la pandemia de la COVID-19, y la pandemia de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento, señala Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que, aunque se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, advierte de que las graves consecuencias de esta situación se están empezando a ver en toda España.

«Las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación», advierten en su informe, donde desgrana quiénes están sufriendo más la falta de acceso al derecho a la salud en España.

Así, observa que especialmente se está ensañando con las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una Atención Primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.

«Ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, pero la estamos afrontando con un sistema de salud muy debilitado como consecuencia de las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años, especialmente con respecto a la atención primaria, fundamental para hacer frente a este tipo de crisis», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

«España lleva doce años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo en España ha sido más bien al contrario, ésta se ha visto reducida en un 13% entre 2009 y 2018. Casi un año de pandemia después y con la tercera ola de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado», añade.

A la falta de personal ya existente previo a la pandemia y a la sobrecarga asistencial, así como a las listas de espera en atención primaria, que aunque varían según el centro se sitúan ahora en torno a una semana en algunos casos, se suma el cierre de más de 60 centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña, así como la modificación de protocolos asistenciales y el cambio del modelo presencial al telefónico, que se ha llevado a cabo sin el refuerzo de medios suficientes y sin la información y formación adecuada para pacientes o personal sanitario.

Esta situación ha generado múltiples barreras en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas cuyo retraso en la atención sanitaria podría haber agravado su condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta merma en la accesibilidad a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de éste grupo de personas.

Según una encuesta realizada por la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria durante la pandemia, al 69% de las personas entrevistadas le cancelaron diversas consultas programadas de manera previa a la crisis por COVID-19, entre las que se encontraban las consultas hospitalarias (46,3%), las del hospital de día (3,4%) y de atención primaria (19,3%). Sólo el 25,3% de las personas a las que se les cancelaron las consultas, tuvieron acceso a los centros de atención primaria una vez finalizado el confinamiento.

Se han desoído así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

«La importancia de la Atención Primaria ha estado más presente en los discursos institucionales que en las decisiones políticas: la valoración de su capacidad asistencial ha estado ausente en el diseño de las medidas de salud pública. Actualmente, en plena campaña de vacunación, nos encontramos en una situación cercana al colapso», denuncia Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.

EL RETRASO EN LOS DIAGNÓSTICOS PODRÍA PROVOCAR MUERTES

Amnistía Internacional señala con preocupación que, aunque todavía es prematuro sacar conclusiones sobre el impacto de la gestión de la pandemia en indicadores de salud de otras patologías, lo cierto es que ya hay algunos informes que señalan ese deterioro. Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) desde el inicio de la pandemia se han registrado cuatro periodos con exceso de mortalidad respecto a la estimación esperable, que han dado lugar a que entre marzo de 2020 y febrero de 2021 el exceso de mortalidad ha sido de 81.608 personas.

«Estamos viendo enfermedades que no hemos diagnosticado antes. Gente que tenía dolores y ahora tiene metástasis. Lo he visto hace poco con el caso de una señora con cáncer de estómago y un señor con cáncer de colon. Estamos llegando tarde» afirma Maria Luz, enfermera de Caldes de Montbui, en Cataluña.

Otro ejemplo es el del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas de todo el país, que han advertido que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 lastrará hasta un 5% la supervivencia en cáncer de pulmón en España, lo que supondría 1.300 muertes adicionales.

«Tengo una compañera que fue a la consulta de su médico por un bulto y al hacerle la ecografía le dijeron que era necesario un estudio más concreto. Pero al pedir cita le dieron para seis meses después. Esta compañera mía tiene un cáncer de mama agresivo con tres tumores en tres partes distintas. Si se espera al mes de abril no quiero ni hablar de lo que hubiese ocurrido, pero ha tenido que acudir a una consulta privada para que le adelantasen los análisis. Esto no se puede permitir. El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades no-COVID y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes», así relata Maria Luisa, paciente de cáncer y presidenta de la asociación ROSAE de Valdepeñas (organización de mujeres afectadas por el cáncer de mama) un caso que le llegó el pasado mes de octubre.

El abandono del sistema de Atención Primaria que denuncia Amnistía Internacional también se extiende al personal sanitario, que ha llevado a cabo su labor arriesgando su seguridad y bienestar, y sufriendo, sobre todo al inicio de la pandemia, una falta de medios de protección que colocó a España, en abril, como el país europeo con más cifras de contagio en el sector en Europa y que hasta el momento ha dejado 89 profesionales fallecidos y 123.603 personas contagiadas.