Amnistía denuncia una nueva ola de detenciones contra la población tigriña en la capital de Etiopía
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado una nueva ola de detenciones en la capital de Etiopía, Adis Abeba, contra la población desplazada del conflicto en Tigray (en el norte del país), aprovechando el estado de emergencia declarado hace diez días en la ciudad.
Los arrestos se llevan a cabo mediante registros casa por casa por parte de las fuerzas de seguridad, con el apoyo de grupos de «vigilantes» que verifican las identificaciones de los transeúntes. Los detenidos, entre ellos sacerdotes ortodoxos y un abogado, se encuentran en centros juveniles porque las comisarías de policía están desbordadas.
Amnistía denuncia que las condiciones del estado de emergencia — que permiten la detención de la población sin orden judicial bajo «sospecha razonable» de cooperación con «grupos terroristas» — violan el derecho Internacional de los Derechos Humanos, que prohíbe la detención arbitraria y la discriminación en todas las circunstancias.
Si bien actualmente es imposible establecer el número exacto de detenidos, la organización da por seguro que «son cientos y potencialmente miles».
Desde que comenzó el conflicto hace un año entre las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y el Gobierno federal etíope, miles de personas han sido muerto y más de dos millones han sido forzadas a abandonar sus hogares.
Ambas partes del conflicto, según Amnistía, son responsables de crímenes de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos, incluidas violaciones generalizadas y violencia sexual y masacres de civiles desarmados.
«Estas detenciones masivas han infundido tal clima de miedo que los tigriñas con los que ha hablado Amnistía Internacional temen que puedan ser detenidos en cualquier momento», lamenta el director de Amnistía para África del Este y del Sur, Deprose Muchena.
«Los que están actualmente encerrados no han sido acusados ??ni llevados ante un tribunal y muchos han sido atacados únicamente por su origen étnico», ha lamentado, antes de pedir a las autoridades que garanticen que las familias de los afectados queden «informadas del paradero y la situación de todos los detenidos y que cualquier persona privada de libertad tenga acceso sin demora a abogados y familiares».
