Amnistía denuncia el hostigamiento y los arrestos de los críticos de Aung San Suu Kyi en Birmania
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes «el continuo hostigamiento, la intimidación y los arrestos» a los que tienen que hacer frente los defensores y los activistas por los Derechos Humanos» en Birmania desde que el Aung San Suu Kyi asumiera el poder en 2016.
«Cuatro años después de que Aung San Suu Kyi llegase al poder, Birmania sigue siendo un país donde las más mínima crítica a las autoridades puede llevar a uno a la cárcel», ha alertado la directora de Investigación, Defensa y Política de AI, Clare Algar.
Las personas que han sido arrestadas y procesadas por mostrar sus opiniones, ha continuado Algar, son activistas medioambientales, periodistas, poetas, sindicalistas o estudiantes, y ha recalcado la «sorpresa» que supone la deriva de Aung San Suu Kyi, quien tras «décadas» defendiendo los Derechos Humanos, ahora se cobije junto al Gobierno en las leyes militares para «reprimir y castigar a los críticos».
Ante esta situación, la ONG ha pedido a las autoridades birmanas «que liberen de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia», además, ha añadido, de retirar todos los cargos contra aquellas personas que se encuentran en prisión «por sus actividades pacíficas» y «derogar urgentemente» las leyes represivas que existen el país desde la junta militar.
Uno de los colectivos de la sociedad civil birmana más activo en la defensa de la libertad de expresión es Athan. Fundada en 2018, un año más tarde registró al menos 331 casos de personas que fueron procesadas por sus opiniones.
LA INFLUENCIA DEL EJÉRCITO
AI ha explicado que gran parte de los procesos contra la libertad de expresión han sido iniciados por oficiales militares. El Ejército de Birmania, cuyo poder e influencia «están fuera de toda duda», ha vuelto a ser señalado en los últimos años por «las atrocidades» cometidas contra la población rohingya musulmana desde agosto de 2017.
Tanto es así, que la ONG decidió en 2018 retirar su máximo galardón a Aung San Suu Kyi por su responsabilidad política durante la ofensiva militar que provocó el éxodo de la minoría rohingya hacia Bangladesh, así como por su «vergonzosa traición a los valores que defendía».
Las Fuerzas Armadas, ha denunciado AI, «continúan ejerciendo un poder significativo», incluso en el Parlamento. Sin embargo, la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi es quien cuenta con la mayoría parlamentaria, pero pese a ello, no ha derogado algunas de las leyes que se siguen «utilizando para enjuiciar a los críticos por motivos políticos».
Es por ello que Algar ha puesto en duda la voluntad del Gobierno «para hacer reformas, respetar los Derechos Humanos y proteger a las personas de la represión, el acoso y las detenciones arbitrarias».
«Es profundamente alarmante que las autoridades continúen usando leyes represivas para arrestar y detener a activistas y periodistas en medio de una pandemia global», ha criticado Algar.
Pese a que en un principio el Gobierno de la LND llevó a cabo ciertas reformas con la supresión de algunas leyes represivas y la liberación de presos de conciencia, la sociedad civil y las instituciones internacionales han lamentado el retroceso en dichos avances y han criticado la rigidez y las nuevas medidas represivas que las autoridades están llevando a cabo en los últimos años.
