AMA propone novar los convenios de los afectados por los derribos para hacer efectiva la PNL en su Ruta de los Inocentes
Solicita al Gobierno el abono de la indemnización o la adjudicación de viviendas de sustitución dentro de esta legislatura
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha presentado una propuesta en la que solicita la novación de los convenios suscritos entre los afectados por los derribos –cerca de 150 familias de Arnuero, Argoños, Escalante y Piélagos–, el Gobierno y los ayuntamientos para incluir una nueva cláusula que permita hacer efectiva la Proposición No de Ley (PNL) que el Parlamento de Cantabria aprobó el pasado 17 de junio, para lo que también ha establecido una hoja de ruta.
A través de esta cláusula los adquirientes de las viviendas podrán solicitar a la Administración de manera «inmediata» el abono de la indemnización o la adjudicación de la vivienda de sustitución en los términos que recogen los convenios dentro de la presente legislatura.
Además, solicita que el Gobierno articule los mecanismos legales y financieros que sean necesarios para atender lo recogido en la PNL, como que tras 15 años desde la firmeza de la sentencia de demolición de un inmueble –que en este caso datan de hace más de dos décadas– se debe resarcir al adquiriente el perjuicio causado, así como que después de ocho años desde la firma de los convenios, podrán exigir su efectividad mediante la adjudicación de una vivienda de sustitución o el cobro de las indemnizaciones.
Asimismo, también propone la opción de que los adquirientes puedan oponerse a que su convenio se renueve.
Así lo ha solicitado esta mañana AMA en su movilización de la XXV Ruta de los Inocentes que ha partido desde el Ayuntamiento de Argoños hasta la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa de Santander, donde se han concentrado un centenar de personas a las que se ha dirigido el consejero de Fomento, Roberto Media (PP).
Para hacer efectiva esta propuesta, AMA ha establecido una hoja de ruta para la incorporación de la PNL a los convenios y acabar «definitivamente» con el «grave problema» de las sentencias de derribos y poner un «límite temporal» como es esta legislatura.
Esta hoja de ruta comenzaría con una consulta por parte del Gobierno a todos los afectados para saber cuál es su posición en aspectos como si desean esperar a una posible legalización de la vivienda, pedir una de sustitución o solicitar la indemnización.
Los resultados de esta consulta permitiría al Gobierno ver las posibilidades de compras de terrenos para las viviendas de sustitución y dar los pasos correspondientes para su adquisición a la «mayor brevedad posible, siempre dentro de esta legislatura», ha insistido AMA.
Igualmente, la Asociación insta al Gobierno a abrir una inscripción para aquellos afectados que decidan solicitar la indemnización, así como establecer un calendario para su abono.
Por otra parte, también proponen la creación de un grupo de trabajo que esté formado por representantes del Gobierno, los ayuntamientos y la propia Asociación, de cara a realizar un seguimiento del cumplimiento de «aquello que fuera necesario». Además, este grupo estudiaría posibles avances en la legislación para la protección del tercero de buena fe.
En este sentido, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha señalado la importancia de la novación de los convenios para que sean «útiles» y ha resaltado que llevan más de ocho años vigentes. Además, ha pedido al Gobierno «efectividad», a lo que ha añadido la necesidad de «fijar plazos, qué viviendas pueden ser regularizadas y de sustitución, y conocer aquellos afectados que quieran las indemnizaciones».
Por otra parte, ha abogado por que se proteja al tercero de buena fe. «Creemos que cuando la Administración está condenada y pasan más de 15 años hay que reparar el daño», ha afirmado así como ha señalado que desde AMA se están preparando medidas que presentarán en el Senado y el Congreso.
Además, Vilela ha querido recordar que son 250 los afectados fallecidos que «no han visto solucionada su situación», que ha calificado como una «deuda histórica» de las administraciones de Cantabria con todos los ciudadanos, porque «cuánto más tiempo pase, más se incrementan los costes».
Tras la movilización ha tenido lugar un acto en el Ateneo de Santander en el que han estado presentes autoridades del Gobierno, así como representantes de los partidos parlamentarios y alcaldes de los municipios afectados.
COMPROMISO DEL GOBIERNO
Por su parte, Media ha reiterado el «compromiso» de su departamento y de la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, en solucionar el problema de los derribos para lo que ha señalado que su Ejecutivo «ha hecho en un año lo que no ha hecho ningún otro anteriormente».
Al respecto, ha destacado que el Gobierno «ha puesto encima de la mesa en indemnizaciones 5.769.000 euros, un 58 por ciento de los 9,9 millones totales destinados al pago a los propietarios», cifra que ha asegurado se alcanzará a finales de año. Además, se mantiene el Fondo de Derribos con 6 millones «a los que habrá que sumar la partida que se destine para ello en los próximos presupuestos», ha apuntado.
En relación con la situación actual en los municipios sobre los que pesan sentencias de derribo, Media ha analizado el estado en el que se encuentra cada uno de ellos.
En el caso de Arnuero, el consejero ha recordado que estará solucionado «en pocos meses» y en Escalante, una vez que se le liciten próximamente las obras para la construcción de las viviendas de sustitución, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses y 3,3 millones de inversión, estará «también resuelto».
Por otro lado, en relación a Argoños, el consejero ha declarado que se trata de un abordaje «más complejo» pues aún hay que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo tras haber admitido la inejecución de las sentencias ante el perjuicio que podría generarse si finalmente el Supremo confirma la legalidad vigente del PORN, del PGOU y, consecuentemente, de las licencias emitidas.
Además, ha señalado que si la sentencia fuera favorable, como confía en que ocurra, el 90 por ciento estaría resuelto, ha destacado, pero en caso contrario, Media ha confirmado que el Gobierno de Cantabria estaría dispuesto a avalar los convenios y «responder incluso de las sentencias que no le corresponde tal y como nos hemos comprometido». En esta situación habría que buscar la solución correspondiente mediante vivienda de sustitución o indemnización.
Por último, en el caso del municipio de Piélagos, actualmente se está pendiente de la sentencia por los recursos de inejecución tras la modificación de la Ley del Suelo sobre la que el consejero se ha mostrado «optimista» para alcanzar resultados esperados, y ha recordado que únicamente fue apoyada por el PP y el PRC.
