AMA cierra 2023 como «el año de la gran decepción» y dice que la situación podría empeorar en una década

Presentará nuevas iniciativas legislativas en el Congreso, Senado y Parlamento para una mayor protección del tercero de buena fe

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo, cierra 2023 como «el año de la gran decepción», en el que «decisiones judiciales con ayudas gubernamentales han roto el cristal de cualquier esperanza».

Además, advierte que, dentro de una década, la mayoría de los perjudicados «pueden estar mucho peor que ahora», como las 255 familias de Argoños en el caso de una posible confirmación de la anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

También ha anunciado que presentará nuevas iniciativas legislativas ante el Congreso, Senado y Parlamento de Cantabria, para una mayor protección del tercero de buena fe, porque los afectados «no pueden seguir esperando más», puesto que 230 han fallecido desde 2005.

En su balance anual, que la asociación ha dado a conocer con motivo del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que considera su patrón, AMA ha criticado que haya «quienes quieran vender» suspensiones temporales de derribos como una solución final, y ha denunciado el «constante» olvido de las resoluciones del Parlamento de Cantabria.

«Cuando ya pensábamos que con nuevas licencias, con PGOU aprobados, había muchas posibilidades de acabar de forma definitiva con el grave problema de los derribos, para la mayoría de los afectados la dura y triste realidad es que decisiones judiciales con ayudas gubernamentales han roto el cristal de cualquier esperanza», ha lamentado la agrupación.

En este sentido, ha instado a la suma prudencia en las interpretaciones y apreciaciones de decisiones judiciales «que pueden generar falsas esperanzas», en referencia a quienes «quieren vender» como una solución final las suspensiones temporales de la demolición de 244 viviendas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en 2008.

Para la asociación, 15 años después de estás suspensiones, así como de «innumerables resoluciones del Parlamento de Cantabria» que piden una rápida solución para los afectados que se han quedado en «papel mojado», para AMA la realidad es que se sigue sin resolver la situación de injusticia generada por las condenas a las administraciones públicas.

Al respecto, ha criticado que estas suspensiones temporales no pueden convertirse en «la coartada perfecta para quitarse de encima un problema y que vuelva a pasar otra legislatura más sin solucionar».

Según AMA, los afectados tenían la esperanza de que en este año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pudiera resolver sobre el fondo de la cuestión judicial, esto es, sobre si las licencias presentadas mediante incidentes de inejecución cumplen la legalidad vigente o hay que proceder al derribo de las viviendas. En definitiva, acabar con inseguridad jurídica, pero «su gozo» ha caído «en el pozo del alargamiento judicial de los procesos».

La asociación ha lamentado que, tras un cuarto de siglo, «decir que las soluciones van a depender de otros órganos judiciales como el Tribunal Supremo, que casi con seguridad va a hacer esperar muchos más años para reparar el daño causado por las administraciones públicas» es, en sí mismo, «una gran injusticia, ya que se sigue profundizando en el daño a los ciudadanos que no tienen culpa».

La agrupación ha advertido que, 17 años después de que el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos afectados fueran condenados al pago de daños morales a las familias afectadas por los derribos, estos daños han «aumentado exponencialmente y la perspectiva es alarmante».

En este sentido se ha referido a una posible ratificación por parte del Tribunal Supremo de las sentencias de anulación del PORN de Santoña, Victoria y Joyel, que podría conllevar la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, que tiene la mayor parte de su territorio dentro de este PORN, y ello, la anulación de las licencias, con lo que «255 familias estarían dentro de una década mucho peor que actualmente, sin PORN, sin PGOU, sin licencias».

GOBIERNO: «PURA RETÓRICA»

La asociación ha manifestado que parecen «ya pura retórica» las palabras de apoyo al inicio de la legislatura de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Fomento, Roberto Media.

«Hemos visto la oposición del Gobierno de Cantabria en algún proceso a las alegaciones de los afectados, que simplemente pedían al tribunal… que acaben estos procesos interminables. Esta oposición del Gobierno, unida a la falta de actuaciones y contacto, nos hace pensar que la voluntad mostrada parece más de cara a la galería que una voluntad real de cumplir con las resoluciones del Parlamento de Cantabria», ha manifestado la asociación.

Con todo, AMA ha reconocido «algún avance que viene de otras legislaturas cuando se llega a acuerdos», como el caso de Arnuero, donde la asociaciación espera que en 2024 se puedan entregar las nuevas viviendas; o Escalante, que ya tiene los terrenos para esa construcción. En Argoños solo existen tres viviendas de sustitución comprometidas, y está pendiente la aprobación provisional de PGOU de Piélagos.

AMA ha concluido recordando que las nuevas licencias presentadas este año superan el millón de euros.