AM- Secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra mantiene en juzgado que había «muchas irregularidades»

También comparecen en la sede judicial otros dos denunciantes, además de tres investigados que se han acogido a su derecho a no declarar

VIGO, 31

El secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra, José Faustino Portela, ha mantenido que había «muchas irregularidades» de las empresas, del organigrama y de cómo se manejaba el dinero en el organismo colegial, cuyo presidente, Carlos Fernández, junto a su mujer y su hija, se encuentra como investigado por delitos relacionados con supuestas irregularidades en la gestión de las cuotas del Colegio.

Así se ha pronunciado Portela a las puertas de los juzgados de Vigo, donde ha declarado en la mañana de este miércoles junto a otras dos personas que denunciaron los hechos seguidos en la causa –un vocal de la junta directiva y el responsable de comunicación del Colegio–, todos ellos llamados a declarar como testigos.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo también ha citado este miércoles a otras tres personas en calidad de investigadas –una de las cuales compareció por videoconferencia–, que se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata de los administradores de tres empresas supuestamente relacionadas desde el punto de vista económico con los investigados que ya se encuentran en prisión.

Los tres denunciantes han apuntado a estos administradores como presuntos «testaferros» de estos negocios, en concreto una asesoría jurídica, una empresa de formación y una empresa inmobiliaria. Uno de ellos, a su salida de la sede judicial ha comentado que tan solo es «un trabajador de mantenimiento» y que no tiene «nada que ver con todo eso» que se investiga.

LA DENUNCIA

Tanto el secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra como los otros dos testigos que han comparecido este miércoles han ratificado la denuncia que presentaron.

De acuerdo con el responsable de comunicación del Colegio, Joaquín Llorca, esta denuncia se fundamenta en tres bloques: la parte económica, la forma de «sostenerse en el poder» –las elecciones– y «el funcionamiento orgánico del Colegio y cómo él –Carlos Fernández– lo manipulaba para hacer todo esto que presuntamente ha hecho».

Portela ha manifestado que, «al poco tiempo» de entrar en la junta de gobierno del Colegio, se percató de que existían «irregularidades» que podían llevar a un «descalabro económico y orgánico del colegio». Es por ello que, ha dicho, se decidió a denunciar los hechos. «Colaborar con un desastre económico y orgánico, para nada, yo no estoy dispuesto. La verdad por delante», ha subrayado.

Según ha trasladado, aunque ejerció como vocal del Colegio desde 1998, él se percató de las presuntas «irregularidades» desde que fue nombrado secretario en agosto de 2018. «Te enteras cuando tienes que elaborar actas y no te cuadran las cosas que te dicen con las que encuentras, eso es lo que te mueve a investigar más», ha remarcado.

Así las cosas, ha sostenido que «no cuadraba nada», como que, por ejemplo, el presidente no le entregase las cuentas pese a que se las pidió para hacer la memoria de actividades. En este marco, ha manifestado que el despido del economista del Colegio fue «la puntilla»: «Si ya tenía desconfianza, aún más».

ANTECEDENTES

El pasado 12 de marzo el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer y su hija, investigados por supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.

Los tres fueron detenidos en el marco de un operativo coordinado por el juzgado y llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Además de las detenciones, los agentes llevaron a cabo sendos registros en el domicilio del presidente del Colegio, y en la sede del organismo, en la calle Aragón de Vigo, donde se incautaron de diversa documentación.

Fuentes consultadas por Europa Press conocedoras de la investigación han explicado que el operativo está vinculado con impagos por parte del Colegio al Consejo General de Enfermería de España.

De hecho, la entidad provincial ya fue condenada en dos ocasiones a abonar un total de seis millones de euros al organismo nacional por no haber sufragado el porcentaje correspondiente de las cuotas que satisfacen trimestralmente los colegiados.