AM-PSOE de Santander pide «seguridad jurídica» en la resolución del contrato de basuras para que no lo tumbe la Justicia

Advierte que los tribunales han reducido nueve sanciones impuestas por el Ayuntamiento a la adjudicataria por carencia en la motivación

El PSOE de Santander ha advertido que los tribunales redujeron hasta en nueve ocasiones la cuantía de sanciones que el Ayuntamiento impuso a Ascan-Geaser, concesionaria de las basuras de la capital cántabra –de unos 6.000 a 1.501 euros–, por no motivar suficientemente la gravedad de los incumplimientos y, por ello, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que la resolución del contrato esté «bien atada» y con «seguridad jurídica» para que no la tumben los tribunales ya que ello puede salir «muy caro» a las arcas municipales.

«Le pedimos que, lo que haga, lo haga con seguridad jurídica para tener la certeza de que tenemos la razón», ha reclamado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del grupo socialista en el Consistorio, Daniel Fernández.

Ha señalado que, ante la «previsible judicialización» de la resolución del contrato (la adjudicataria ha confirmado a Europa Press que lo va a recurrir), es «fundamental» que haya «seguridad jurídica» en lo que se argumente ya que, según ha advertido, si hay una sentencia contraria a los intereses del Consistorio ello podría suponer un «golpe» a las arcas municipales.

NUEVE SANCIONES REBAJADAS

El portavoz socialista ha basado su argumentación a la hora de expresar este temor y esta petición en lo que, según ha explicado, ha ocurrido con sanciones impuestas por el Ayuntamiento a la adjudicataria y que, al ser recurridas por ésta a los tribunales, han visto rebajada su cuantía.

Además, también han llamado la atención en el momento en que se iniciaron estos expedientes sancionadores por parte de la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, aprovechando un «vacío» en el Consistorio.

Y es que, según ha señalado, Domínguez, nombrada por el exalcalde Íñigo de la Serna, inició entre el 27 de mayo de 2019 –un día después de las elecciones municipales– y el 15 de junio de ese año un total de 21 expedientes sancionadores contra la empresa.

El portavoz socialista Daniel Fernández ha llamado la atención en que en ese periodo no había tomado posesión el nuevo equipo de Gobierno y la «aritmética de las urnas» había abierto la posibilidad a que se produjera un cambio político en el Consistorio. «Nosotros nos preguntamos quién le dio la orden política», ha apostillado.

Fernández ha explicado que, de esos 21 expedientes, el PP ha dejado caducar 12 y, por lo tanto, solo 9 se convirtieron realmente en sanciones contra la empresa de las basuras.

Todas ellas fueron recurridas por la adjudicataria ante los tribunales y, según ha explicado el portavoz municipal del PSOE, la Justicia ha dado «la razón parcialmente» a la empresa en todos ellos en sentencias firmes dictadas entre finales de 2020 y principios de 2021.

Ha señalado que en todas ellas se apuntan cuestiones como que «la Administración no justifica el importe de la penalización»; que «dicha falta de justificación determina que carece de motivación la calificación como falta grave», «que la Administración no justifica la calificación como grave de la penalización»; que «quizás no ha habido una extensa motivación», y que «no se ha acreditado intencionalidad» por parte de la empresa.

«Todas las sentencias cuestionan la gravedad de los incumplimientos y rebajan notablemente al mínimo las sanciones impuestas por el Ayuntamiento», ha señalado.

Por ello, Fernández considera que ante la resolución del contrato y la previsible judicialización de la misma, el contenido de estas sentencias no es un tema menor.

Ha recordado que se está ante la resolución de un contrato por causas imputables al contratista y ha advertido que este tipo de contratos solo se resuelven por faltas graves o muy graves».

«Las sentencias dicen que carece de motivación la calificación como falta grave así que lo que le pedimos es cuidado con la seguridad jurídica porque nos encaminamos ante una resolución del contrato que previsiblemente terminará en los tribunales de nuestra región y que si no está bien atado pues puede salirnos todavía mucho más caro a los santanderinos de lo que hasta ahora nos ha salido», ha afirmado Fernández.

El socialista ha afirmado que «nadie» que viva en Santander duda que, en estos momentos, la ciudad está «más sucia que nunca» –«ni la alcaldesa, ni la empresa, ni los jueces», ha dicho– pero ha advertido que «eso no es lo que se va a juzgar» sino «de quién es la culpa de este absoluto desastre en Santander».

Para Fernández, el PP se ha embarcado en el último año «en una operación política de lavado de imagen» en relación a este tema que «puede salir muy cara» a los santanderinos. Por ello, le ha pedido a la alcaldesa que «no mire por sus intereses» y los de su partido, sino por el «interés general», el del Consistorio y los santanderinos.

EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO

Al margen de esta cuestión, el portavoz socialista ha valorado el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que avala la decisión del Ayuntamiento de resolver el contrato de basuras, vigente desde 2013, por sus reiterados incumplimientos.

Tras quejarse de que el PP haya entregado el dictamen a los grupos una semana después de que trascendiera en los medios de comunicación, Fernández considera que dicho informe pone de manifiesto que ha habido «incumplimientos desde el inicio del contrato» y que el PP los ha «tolerado» y «permitido» en «connivencia» con la concesionaria. «El PP tenía que fiscalizar y, sin embargo, ha mirado para otro lado», ha aseverado.

«Quienes nos han traído hasta aquí, no pueden tomar las decisiones que marcarán la prestación del servicio en un futuro», ha aseverado Fernández, que ha insistido en la necesidad de determinar las responsabilidades de lo que considera un «enorme fiasco» en una comisión de investigación para que los que han hecho «este destrozo no metan mano» en la gestión del servicio.

Además, el PSOE considera que es «meridianamente falso» que el PP haya aportado toda la información sobre lo ocurrido en este contrato y ha señalado que, hasta el propio portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs), ha afirmado que se ha podido ocultar información hasta el propio Consejo de Estado.

Precisamente, los socialistas han anunciado que hoy mismo van a registrar en el Ayuntamiento dos escritos en los que vuelven a solicitar documentación que previamente habían pedido pero que el PP no les ha entregado.

Concretamente, piden un informe, a su juicio, «demoledor», sobre la gestión de las playas y también reclaman todos los informes emitidos por el exdirector general de Innovación José Antonio Texeira Vitienes relacionados con el contrato de basuras y la plataforma tecnológica de gestión que tenía que desarrollar la empresa.

Los socialistas consideran que esta documentación puede ser «importante» de cara a la investigación a la vista del protagonismo que otorga a estos informes el propio interventor en su informe de fiscalización.

Fernández ha ofrecido esta rueda de prensa un día antes de que mañana, jueves, se debata en el Pleno la una moción conjunta presentada por tres de los partidos de la oposición PSOE, PRC y Unidas por Santander, además de por Cs (partido en el equipo de Gobierno) –lo que suponen 15 de los 27 concejales de la Corporación– para impulsar la creación de comisiones de investigación, como la de basuras.

Concretamente, en la moción, se insta a la alcaldesa a que incluya en el Pleno de octubre la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno que permita la creación de comisiones de investigación.

Fernández cree que el PP muestra que su respeto a la democracia es «ninguno» al «bloquear», en «minoría», la comisión de investigación sobre el contrato.