Almeida cree que con la imputación de García Ortiz el juez «constata una operación de Estado para dañar a Ayuso»

«La Fiscalía General no está para pasarle papelitos al presidente» ni para «hacer de correveidile», defiende el alcalde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que con la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el juez «constata una operación de Estado para dañar políticamente a (la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz) Ayuso».

Almeida ha reaccionado así desde Aravaca, donde ha anunciado la expansión de bicimad hasta el vecino Pozuelo, después de que el Tribunal Supremo haya citado a García Ortiz para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta, al considerar que las pesquisas realizadas han venido a «apuntalar» los indicios en su contra que apuntan a que tuvo una «relevante participación» en la filtración.

Martínez-Almeida ha resaltado que el Supremo con esta resolución «aprecia indicios de delito en el Fiscal General del Estado». «Lo digo porque Pedro Sánchez hace dos semanas en una rueda de prensa dijo que había que pedirle disculpas al Fiscal General del Estado pero, en vez de pedirle disculpas, lo que va a pedir el juez son explicaciones», ha replicado.

El primer edil espera que García Ortiz «no calle cuando tenga que declarar y que responda a todas las preguntas, tanto del juez, del ministerio fiscal como de las acusaciones personadas para que despeje todas las dudas en relación a la comisión de un delito».

ÓSCAR LÓPEZ

A lo que suma que lo más grave desde el punto de vista político y penal es que «el juez dice directamente que de la Fiscalía General del Estado fue al Palacio de la Moncloa, a la Presidencia del Gobierno», esto es, que «apunta directamente tanto al presidente del gobierno como a Óscar López», hoy de facto líder de los socialistas madrieños y entonces jefe de Gabinete de Sánchez, además de a Pilar Sánchez Acera.

«El juez constata que efectivamente hubo una operación de Estado para dañar políticamente a Isabel Díaz Ayuso porque en un Estado de Derecho la Fiscalía General no está para pasarle papelitos al presidente del gobierno ni al Palacio de la Moncloa sino que está para garantizar la legalidad, para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas, no para hacer de correveidile», ha lanzado.