Alcaldes y miembros del mundo del euskera denuncian la «grave» resolución del TC que sitúan en la «ola reaccionaria»

BILBAO, 13

Cerca de un centenar de alcaldes y concejales de Euskadi y de representantes del mundo del euskera se han concentrado este jueves ante el Palacio de Justicia de Bilbao para denunciar que la «grave» resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley Municipal vasca es «un obstáculo» al proceso de normalización del euskera y que «desprecia» tanto a esta lengua como a los ciudadanos. Asimismo, han advertido de que es «parte de una ofensiva judicial» en el marco de «una ola reaccionaria».

La protesta se ha desarrollado a las puertas de la sede del Tribunal Superior de la Justicia del País Vasco en la capital vizcaína, a donde los regidores municipales han acudido con sus bastones de mando y otros símbolos, y ha concluido con la lectura de una declaración por parte de la presidenta de Kontselua, Alizia Iribarren, para expresar su «grave preocupación» por la resolución del Tribunal Constitucional (TC) conocido el pasado jueves que declara inconstitucional el apartado segundo del artículo 6 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

La movilización ha contado con la presencia de los alcaldes de Bilbao, Juan María Aburto, y San Sebastián, Eneko Goia, así como de otras localidades vascas, entre ellos los regidores de Barakaldo, Amaia del Campo, de Getxo, Amaia Agirre, de Errenteria, Aizpea Otaegi, de Galdakao, Iñigo Hernando, o de Hernani, Xabier Lertxundi.

Junto a ellos, han estado alcaldes y concejales de varias decenas de municipios vascos y representantes de entidades como Kontselua, Ikastolen Elkartea, Eusko Ikaskuntza, Topagunea, EHE, Elhuyar, Emun, Behatokia, Gerediaga o Hezten.

La declaración califica de «grave y preocupante» la decisión del TC contra la ley Municipal vasca, que desestima «la posibilidad de que los ayuntamientos puedan funcionar en euskera».

A su entender, representa «un obstáculo al proceso de normalización y revitalización del euskera, que limita las políticas lingüísticas que se desarrollan desde los ayuntamientos a favor de este objetivo». «Políticas lingüísticas que, a su vez, garantizan los derechos lingüísticas de toda la ciudadanía, puesto que el artículo 6.2 de la ley Municipal anulado por el TC recoge expresamente esa garantía», señala.

Así, denuncia que «esta sentencia desprecia tanto al euskera como a las personas vascoparlantes y obstaculiza el desarrollo de políticas lingüísticas capaces de hacer frente a los grandes desafíos de futuro en el camino de la normalización y la revitalización del euskera».

La declaración recuerda que el Parlamento vasco aprobó «con amplio consenso la ahora intervenida» ley Municipal y también que la última encuesta sociolingüística «ha demostrado que una amplia mayoría de la sociedad vasca apoya las políticas que tienen como objetivo la normalización del euskera».

Por ello, considera que «esta sentencia no sólo es contraria a la revitalización del euskera, sino también a un amplio consenso social». «En definitiva –añade–, cuestiona la capacidad de decisión de la ciudadanía y los ayuntamientos».

La resolución del TC se enmarca, en la declaración como «parte de una ofensiva judicial más amplia» dentro de «una ola reaccionaria contra las lenguas minorizadas».

El texto concluye reafirmando la convocatoria de manifestación para el próximo 4 de noviembre en Bilbao «contra la ofensiva, pero sobre todo a favor de la normalización y revitalización del euskera.

«UN TESORO»

Al término de la protesta, que se ha cerrado con los regidores municipales con sus bastones en alto, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV), ha señalado, en declaraciones a los medios, que la decisión del Tribunal Constitucional «supone, sin ninguna duda, un ataque grave» al autogobierno y también «niega la autonomía de organización» que tienen las entidades locales vascas».

Aburto ha subrayado que ley Municipal «respeta los derechos lingüísticos de la ciudadanía, tanto de los castellanohablantes como de los euskoparlantes».

Asimismo, ha remarcado que el euskera es «una lengua cooficial» y representa «un tesoro de todos y de todas». Por ello, ha insistido en que «no merece ni la ideologización que se está haciendo con nuestro idioma, ni tampoco el desprecio que esta sentencia supone».

GARANTÍAS PARA PROTEGER

Por su parte, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi (EH Bildu), ha expresado su preocupación por el «ataque» que esta resolución representa hacia el euskera y las decisiones adoptadas por las instituciones vascas, así como al «amplio consenso» existente en esta materia.

En este marco, ha abogado por reflexionar sobre la forma de proteger el euskera y a las personas vascoparlantes, y sobre las garantías jurídicas que se deberían adoptar para evitar situaciones de este tipo y las herramientas que se precisan para que no se anulen las decisiones adoptadas por las instituciones vascas en el marco del autogobierno.