Alargar el alta en hospitales de agudos por falta de recursos amenaza el sistema sanitario, según Economía y Salud
La Fundación Economía y Salud celebra la reciente solicitud del Defensor del Pueblo a las CCAA para interesarse por los protocolos de derivación a aquellos pacientes que no tienen dónde ir tras recibir el alta en un hospital de agudos, ya que alargar el alta por falta de recursos sociales «amenaza el sistema sanitario».
El Defensor del Pueblo va a solicitar, entre otras informaciones, datos actualizados de los principales hospitales generales de cada comunidad autónoma sobre el número de pacientes que se encuentran con indicación de alta pero con la imposibilidad de hacerse efectiva, así como sobre los periodos de prolongación de la estancia hospitalaria por razones no clínicas.
Para el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés, «estos datos permitirán conocer la situación de aquellos pacientes que alargan su estancia hospitalaria por no tener asignado un recurso de media o larga estancia, sea sanitario o social». A su juicio, se trata de «un problema serio que amenaza la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario, y al que no se le dedica la suficiente atención desde las administraciones».
La Fundación Economía y Salud trabaja en línea con la información solicitada por el Defensor del Pueblo a las comunidades autónomas. Esta línea de trabajo queda patente en su estudio Índice FES 2024: estudio para la evaluación y mejora de los servicios de salud , un informe presentado en junio de este año en el Senado y que traza una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la sostenibilidad y eficiencia del sistema, así como el entendimiento y la cooperación de los distintos servicios sanitarios y sociales.
«Entre las recomendaciones más reseñables del Índice FES, figura la necesidad de ampliar el número de camas de cuidados medios para personas que han superado la fase aguda. También la necesidad de incrementar la atención ambulatoria y hospitalaria a domicilio, así como la necesidad de una mayor coordinación entre profesionales de los servicios sociales y los servicios sanitarios para facilitar esta continuidad asistencial», destaca Giménez.
LA COORDINACIÓN SOCIAL Y SANITARIA, CLAVE
En España, en enfermedades como el ictus, que constituye la primera causa de discapacidad, hay aproximadamente entre 40.000 y 50.000 pacientes que necesitan darse de alta en el hospital tras superar la fase aguda y que no lo pueden hacer.
El destino de estas personas sería, si necesitan una recuperación intensiva y atención sanitaria, hospitales de media estancia; si no necesitan cuidados médicos y sanitarios de forma intensa, pueden recibir atención ambulatoria en centros ambulatorios o en sus domicilios, coordinando si fuera preciso el sistema social y sanitario.
En caso de no necesitar una atención rehabilitadora y sufrir una dependencia severa, puede acudir a un centro residencial o residencia de mayores. Todo ello exige una correcta continuidad asistencial que adapte los recursos a las necesidades que pueden ir presentando las personas en cada fase de su enfermedad.
En todos estos casos, existen enormes dificultades por falta de recursos y organización. «Si lográsemos mejorar en la continuidad asistencial, seríamos mucho más eficientes y mejorarían los resultados en salud», asegura el presidente de FES.
La solicitud del Defensor del Pueblo requiere el conocimiento de aquellas iniciativas que ya se han puesto en práctica para hacer frente a estos casos, y de qué medidas de coordinación están adoptando las consejerías y administraciones sociales para agilizar la disposición de plazas en centros residenciales a donde estas personas vulnerables puedan ser derivadas tras recibir el alta hospitalaria.
