UPN dice que «no se puede poner a la universidad al servicio de objetivos ideológicos y partidistas»
PAMPLONA, 22
El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha acusado este miércoles al Gobierno de utilizar el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario como «una herramienta de negociación con los partidos independentistas».
El senador navarro, que ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado, ha asegurado que estas «concesiones» tienen su origen en la negociación de los Presupuestos Generales «en la que el Gobierno y el PSOE cedieron a los planteamientos de los independentistas y posibilitaron modificaciones legislativas para ir avanzando en sus tesis secesionistas».
En concreto, Catalán ha hecho referencia a una enmienda introducida en el Congreso por partidos independentistas en el artículo 45.2.g de la ley que faculta al Claustro Universitario para «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia» y que, en opinión del senador de UPN, «vulnera la obligatoria neutralidad ideológica tanto de estos centros de enseñanza como de otras instituciones públicas», según una sentencia del Tribunal Constitucional que indica que «las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 de la CE» para abordar cuestiones ajenas a la universidad.
«La libertad académica y la libertad de expresión -incide Catalán- no justifican semejante comportamiento, que solo obedece al interés de un sector de la universidad para imponer sus criterios, en este caso secesionistas».
Además, el senador navarro ha criticado que una norma de estas características se tramite por el procedimiento de urgencia y «sin el consenso y respaldo que serían necesarios» por parte de los sectores afectados: «Es un ejemplo más de lo mal que se está legislando. Otra ley que, cuando cambie el Gobierno, deberá ser derogada», ha dicho.
Durante su intervención, el senador también ha criticado otros aspectos de la norma, como la falta de soluciones a las tasas de reposición o el hecho de que la ley «ni garantiza la calidad universitaria ni afronta los retos de futuro».
Por último, Catalán se ha referido a las enmiendas propuestas por UPN, «encaminadas a fortalecer el papel de los Consejos Sociales y la vinculación de alumnos y centros universitarios con el mercado laboral» y ha lamentado que el Gobierno haya inadmitido una modificación «que posibilitaba apoyos a las empresas colaboradoras con centros universitarios en proyectos vinculados a la investigación el desarrollo y la innovación».
