AIReF propone que cada Gobierno comprometa al inicio de la legislatura una senda de gasto y un ancla de deuda

Los Presupuestos de cada año se deberán ajustar para cumplir dichos compromisos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado este viernes su propuesta para la reforma de las reglas fiscales europeas, en la que plantea que cada Gobierno entrante comprometa ante Bruselas una trayectoria fiscal al inicio de la legislatura, estableciendo un ancla de deuda específica para el país y una senda de gasto derivada de ella para todo el mandato.

Esta senda, basada en la deuda y el gasto y no en el déficit, deberá ser aprobada por el Parlamento y las autoridades comunitarias y sería la referencia vinculante para los cuatro años siguientes. Sin embargo, podría modificarse en circunstancias excepcionales mediante la activación de una cláusula de escape.

En las próximas semanas –probablemente el 26 de octubre o el 9 de noviembre– está previsto que la Comisión Europea plantee alguna propuesta sobre la reforma de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros y que se desactivaron por la pandemia y continúan aún suspensas debido al impacto económico de la guerra en Ucrania y la subida de precios.

La AIReF ha detectado algunos problemas e inconvenientes del marco fiscal europeo actual que «no ha bastado» para diseñar políticas fiscales nacionales «estables y predecibles» en los distintos países. De hecho, en España el organismo independiente apunta que la deuda pública ha alcanzado niveles no vistos anteriormente en «tiempos de paz».

Además, para la AIReF, el mecanismo sancionador actual ante incumplimientos de las reglas por parte de los países «no ha funcionado» y ni siquiera se ha ido aplicado por diferentes motivos a lo largo de su vigencia. Desde el organismo, consideran que ese marco sancionador económico se debería eliminar –aunque no creen que la Comisión renuncie completamente a él–.

La propuesta de la AIReF –que es compatible, en todo caso, con los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria actualmente vigente en España y se ha discutido con el Tesoro a nivel técnico– pasaría por establecer un ancla de deuda teniendo en cuenta el niveles de partida (presente), la evolución histórica de la ratio (pasado) y las proyecciones tendenciales de ingresos y gastos públicos (futuro).

Una vez derivada el ancla de deuda, sus implicaciones para la política fiscal a corto y medio plazo se plasmarían a través de una senda de gasto primario (incluyendo partidas como por ejemplo el gasto en pensiones, pero valorando si sumar o no el gasto en desempleo cíclico), teniendo en cuenta el neto de medidas adicionales de ingresos.

UN MARCO SIMILAR AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y COSTE REPUTACIONAL

De esta forma, en cierto modo se replicaría en el ámbito fiscal el esquema de gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto daría a cada Gobierno la posibilidad de plantear sus propias prioridades y sendas, dentro de sus orientaciones comunes para todos los Estados miembros, fomentando de este modo su apropiación política.

En este sentido, la implicación política en el diseño y aprobación de una senda fiscal incrementaría el coste reputacional asociado a su incumplimiento o modificación, dotando de más estabilidad a las sendas de medio plazo. «Una senda vinculante propuesta al inicio de la legislatura podría incrementar de manera notable el coste político asociado a su modificación», aseguran desde la AIReF.

De hecho, desde la AIReF explican que los países con posiciones más saneadas –como Dinamarca o Finlandia– cuentan con marcos fiscales súper laxos, pero el coste político y reputacional en caso de incumplimiento de los objetivos de déficit o deuda es muy elevado.

EL PAPEL DE SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES INDEPENDIENTES

Por último, en cuanto a los aspectos institucionales, la necesidad de que el nuevo marco fiscal refleje mejor las especificidades de cada país puede afianzarse a partir de la labor de las instituciones independientes nacionales como la AIReF.

Así, la AIReF plantea que las instituciones fiscales podrían asumir la supervisión fiscal en circunstancias de bajo riesgo, con informes periódicos a los homólogos de la UE en los foros pertinentes. La Comisión Europea mantendría su papel central a la hora de proporcionar orientaciones de política fiscales específicas para cada país y el conjunto del área euro.

Además, en caso de falta de cumplimiento por partes de los gobiernos, la AIReF plantea que la supervisión pasaría totalmente a manos de la Comisión Europea, que podría establecer requisitos más estrictos aumentando el coste reputaciones de incumplimiento.