AI denuncia que cientos de personas languidecen sin juicio en cárceles marfileñas tras las protestas de 2020
Cerca de 300 personas, entre ellas activistas, manifestantes y opositores, permanecen encarceladas en Costa de Marfil desde los episodios de violencia ocurridos en torno a las elecciones presidenciales de octubre del año pasado en el país africano, muchos de ellos sin juicio previo y con un acceso limitado a la protección de sus abogados, en cárceles superpobladas, y al menos seis de ellos habrían sido objeto de tortura, según ha denunciado la ONG Amnistía Internacional.
La espiral de violencia comenzó en agosto, durante la precampaña electoral. La oposición, enfurecida contra la decisión del presidente, Alasanne Ouattara, de presentarse a un tercer mandato, inconstitucional según sus críticos. Sin embargo, el presidente se amparó en que la Carta Magna ha fue enmendada durante su mandato para poner a cero su contador.
Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción ciertos avances logrados en la investigación de la violencia, recuerda que las familias de las víctimas de homicidios durante este tipo de violencia todavía necesitan justicia, verdad y reparación, y si bien «algunas personas» han sido liberadas después de pasar días, semanas o meses detenidas, muchas permanecen tras las rejas, la mayoría en la temible prisión central MACA en la capital del país, Abiyán.
Al parecer, seis personas fueron obligadas a aceptar los cargos en su contra después de haber sido sometidas a torturas u otros malos tratos. Por ejemplo, uno de ellos se pasó casi un mes en la Dirección de Vigilancia Territorial (DST), donde presuntamente él y otros cinco fueron torturados con cables de alimentación, pistolas eléctricas e incluso machetes antes de firmar las declaraciones que no se les permitió leer. Luego fueron transferidos a la cárcel, de acuerdo con los relatos de medio centenar de exdetenidos y familiares consultados por Amnistía.
A ello hay que añadir las condiciones de superpoblación extrema en la cárcel que, en enero de 2020, albergaba a 7.782 personas –más de ellas en prisión preventiva, es decir, sin juicio–, muy por encima de la capacidad estipulada de 1.500. Además de la situación de hacinamiento, los exdetenidos describen «condiciones insalubres» –un detenido que dio positivo por coronavirus no pudo ducharse en tres días–, hasta el punto de que al menos una persona, detenida durante las protestas e identificada como Aristide Ahui, falleció tras sucumbir a una especie de parálisis no concretada.
«Las autoridades de Costa de Marfil», ha pedido la investigadora de AI para África Occidental, Michèle Eken, «deben iniciar de inmediato investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre estas denuncias».
