AI denuncia «falta de efectividad» del Gobierno de Colombia para proteger a defensores de los DDHH

La ONG asegura que España deniega «en bloque» las solicitudes de asilo

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves «la falta de efectividad» del Gobierno de Colombia para atender la «grave crisis» que afrontar el país respecto a las personas defensoras de los Derechos Humanos y han mostrado preocupación porque «no se estén analizando de manera individual las solicitudes de protección» y se estén denegando «en bloque».

Ante la situación que viven los defensores, que enfrentan «amenazas, ataques y asesinatos contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente», AI hace un llamamiento a las instituciones ya que «seguirán muriendo hasta que el Gobierno aborde de manera efectiva cuestiones estructurales, como la profunda desigualdad y la marginalización en la que viven las comunidades, la tenencia y control de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la justicia», detalla el informe que la ONG ha presentado este jueves.

Éste, que examina las razones detrás de la violencia contra líderes de comunidades que habitan regiones ubicadas en zonas geográficamente estratégicas y con riqueza en recursos naturales, «demuestra cómo políticas fallidas ponen en riesgo a personas defensoras de Derechos Humanos».

«Desde hace años, Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales en todo el mundo. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las cosas han empeorado, particularmente para quienes viven en zonas geográficamente estratégicas y ricas en recursos naturales», ha lamentado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia también analiza la «poca efectividad» de las medidas de protección que el Gobierno ha aplicado desde la firma de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Cuatro comunidades en particular centran el estudio por su situación de particular riesgo en el Valle del Cauca, en el Norte de Santander, en Meta y en Putumayo. Líderes de estas comunidades detallan en el escrito los incidentes de amenazas y ataques que han sufrido por defender el territorio y el medioambiente.

Por ejemplo, una de las comunidades que vive en una de las zonas con mayor producción de coca de Colombia ha sufrido estigmatización, hostigamiento y violencia al ser acusados de «apoyar a los grupos armados que operan en la zona», mientras que la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad indígena Kubeo-Sikuani, en el departamento del Meta, «les deja desprotegidos y amenazados en sus tierras».

En este sentido, «el abanico de normas de protección es tan extenso y complejo que muchas personas defensoras dicen que no saben cómo utilizarlo o que no es lo que necesitan a nivel comunitario», lamenta Guevara, por lo que las autoridades «necesitan escuchar a las comunidades en riesgo, apoyarlas en fortalecer las estrategias que ya han desarrollado, y asegurar justicia para quienes les atacan».

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha puesto a los defensores «en una situación de mayor riesgo», ya que las autoridades han reducido los esquemas de protección y han autorizado actividades que incrementan el riesgo de las comunidades como la extracción de recursos naturales, operativos policiales y erradicación forzada de cultivos ilícitos.

AI denuncia, por último, que el conjunto de acciones adoptadas por las autoridades colombianas con el propósito de prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de los grupos y comunidades, conocido como Ruta de Protección Colectiva, no está siendo implementado «de manera efectiva».

DENEGACIÓN «EN BLOQUE» DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

En el documento también se analiza la situación de los demandantes de asilo y AI señala que con la difícil situación que viven las personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia le preocupa «que no se estén analizando de manera individual las solicitudes que llegan a España y se esté procediendo a una denegación en bloque por nacionalidad».

En 2019, se presentaron 29.410 solicitudes de protección internacional procedentes de Colombia en nuestro país, y hasta el 31 de agosto de 2020, 20.488 solicitudes.

Este año, el Ministerio del Interior ha rechazado 23.253 solicitudes procedentes de Colombia, mientras que solo 490 han obtenido este año estatuto de refugiado, protección subsidiaria o protección por razones humanitarias en España.

Ante estas cifras, AI recuerda a la Oficina de Asilo y Refugio ante la necesidad de que «se tenga en cuenta que Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los Derechos humanos, los territorios y los recursos naturales».