Aedaf denuncia la «injusta presión criminalizadora» que sufren los asesores fiscales

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) denuncia la «injusta presión criminalizadora» que sufren los asesores fiscales ante el aumento de casos en los que son investigados por los delitos de defraudación tributaria imputados a sus clientes.

Así figura en el informe Paper15: La responsabilidad penal del asesor fiscal , elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Norberto J. de la Mata, y el abogado del estado en excedencia y miembro de Aedaf, Gabriel Araúz de Robles, que analiza la responsabilidad penal en que puede incurrir el asesor fiscal como consecuencia de su actuación profesional y en relación con los delitos de defraudación tributaria que pueda haber cometido su cliente.

A juicio de los profesionales tributarios se ha producido un «significativo incremento» de los casos en que los asesores fiscales están siendo investigados en relación con los delitos de defraudación tributaria imputados a sus clientes.

Los autores ponen de manifiesto que no puede haber colaboración por parte del asesor fiscal en la posible comisión de un delito por su cliente cuando el asesoramiento se produce en supuestos que se califiquen como fraude de Ley (conflicto en la aplicación de la norma tributaria) o se asesora para pagar lo menos posible dentro de las opciones que presenta la legislación.

Igualmente, consideran que no se puede llegar a colaborar cuando la labor de asesoramiento se realiza a través de actos cotidianos, es decir, un desarrollo «normal» o «neutral» de su actividad de asesoramiento.

Aluden también a la falta de criterios «claros, constantes y homogéneos» de la AEAT y de la Fiscalía a la hora de decidir cuándo debe dirigirse la acción penal contra el asesor fiscal.

Por otro lado, el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany, advierte en un comunicado de que los criterios que la AEAT utiliza para apreciar indicios de responsabilidad criminal en la actuación del asesor fiscal «no se ajustan plenamente a las directrices que los tribunales han ido fijando».

Según Alemany, la presión ejercida contra el asesor fiscal es doble, por parte de la AEAT y de sus propios clientes, y tiene como fin responsabilizarle criminalmente de los delitos del obligado tributario al que asesora y promover que sea el asesor fiscal el que ayude a la AEAT a llegar a un acuerdo con el contribuyente.

La semana pasada Aedaf organizó la primera jornada sobre el delito fiscal, en la que reclamó de nuevo una jurisdicción especializada en temas tributarios que incluya también las revisiones de los delitos fiscales, y en la que también se señaló la preponderancia de la intervención de la AEAT en este tipo de procedimientos penales que «pone en peligro la necesaria imparcialidad de los jueces y magistrados».

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