Aedaf atribuye al impacto económico sobre la banca la sentencia sobre el AJD y no a un criterio técnico
La resolución «no hace más que demostrar las graves divisiones internas» entre los miembros del Supremo, aseguran desde la asociación
La Asociación de Asesores Fiscales (Aedaf) ha atribuido la resolución final que dictaminó el 6 de noviembre el Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas (AJD) al impacto recaudatorio que tendría sobre la banca la retroactividad de la sentencia y no a un criterio técnico que, finalmente, se fallase a favor de la banca.
Según afirma el presidente de la asociación, José Ignacio Alemany, «resulta cuando menos curioso» que, en el Pleno de los días 5 y 6 de noviembre, cuando se trataba de dilucidar los efectos retroactivos de la sentencia, «había una mayoría de magistrados» a favor de que el banco asumiese el pago del impuesto, y, sin embargo, «solo cuando se vio que no podía eliminarse su efecto retroactivo (es decir, que los clientes podían solicitar la devolución de lo pagado en los cuatro años anteriores) varios magistrados que estaban a favor de que pagara el banco cambiaron su voto».
«No parece, pues, que este cambio de voto se haya debido a cuestiones técnicas, sino al impacto recaudatorio de la sentencia», incide Alemany.
De esta forma, los asesores fiscales ha lamentado las descalificaciones de las sentencias del Supremo, rechazando la vuelta a un criterio técnicamente «incorrecto», tras analizar las tres sentencias del pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hechas públicas el 27 de noviembre.
Para Alemany, las descalificaciones incluidas en el texto «no hacen más que demostrar las graves divisiones internas y los enfrentamientos personales» entre los miembros del supremo intérprete del Derecho.
«Los problemas internos tendrían que tener una respuesta interna, sin que comprometan la imagen de la institución ante el resto de los jueces y magistrados, los ciudadanos y la comunidad internacional», sostiene Alemany.
Así, los asesores fiscales han rechazado que la solución a un problema jurídico pueda verse afectada por factores como la «repercusión económica y social» de una sentencia. «Un juez debe impartir justicia conforme a Derecho, y su criterio debe ser impermeable a este tipo de factores, por muy relevantes que éstos puedan ser», han añadido.
«Esta sentencia ha producido una situación insólita y reprobable que deja en muy mal lugar al Supremo. No solo por el cambio de criterio en dos semanas, sino por la forma en que las nuevas sentencias se expresan, con descalificaciones muy duras a sus propios compañeros de la Sección Segunda, los genuinos expertos en la materia, a los que se ha sometido a una reprobación pública», concluye Alemany.
