Aecoc alerta de las «graves consecuencias» para la economía de la regulación del transporte por carretera

Reclama una reunión «urgente» con la ministra Raquel Sánchez para abordar el impacto de las medidas previstas

El sector del gran consumo ha alertado de las «graves consecuencias» que tendrá para la economía la próxima aprobación del Real Decreto Ley del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la regulación del transporte por carretera, que está prevista para este mes de febrero, según ha informado Aecoc en un comunicado.

En concreto, la asociación, que ha participado en diversas reuniones con los representantes del Departamento que lidera Raquel Sánchez, ha indicado que las medidas pactadas con el Comité Nacional del Transporte por carretera van a tener «graves consecuencias» para el tejido empresarial, ya que ponen en «claro riesgo la competitividad y eficiencia» de la cadena de valor.

Según Aecoc, el acuerdo perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas. «La gravedad de algunas de las propuestas es tal que muchas de ellas podrían ver comprometido el buen funcionamiento de sus negocios e incluso su pervivencia», han recalcado.

La asociación considera que las propuestas realizadas son de «muy difícil cumplimiento» y que van a generar tensiones innecesarias en el sector.

Además, cree que el Real Decreto Ley recoge las reivindicaciones de las organizaciones de las empresas del transporte, pero, en ningún caso, las de muchos de los transportistas, y especialmente conductores, a los que la normativa trata de proteger.

«Es incomprensible e intolerable que se aprueben, vía Real Decreto Ley, y en tan corto plazo, medidas de tanto calado e impacto en el sector, sin contar con la parte que debe implementarlas y soportarlas -que son las empresas usuarias del transporte- y sin un análisis riguroso de sus impactos reales», recalcan en el comunicado.

Respecto a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5 toneladas, que recoge el Real Decreto Ley, la patronal del gran consumo considera que ocasionará «graves problemas» para las empresas contratantes del servicio -especialmente las pymes-, incrementará los tiempos de espera y supondrá una «pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial» para el conjunto de la economía.

Aecoc considera que es un «grave error» que no se admita que esta cuestión forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes.

Respecto a la revisión del precio del combustible recuerda que ya actualmente se contempla la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, permitiendo el libre acuerdo entre las partes.

Sin embargo, el Real Decreto Ley elimina, también en este caso, la posibilidad de acuerdos bilaterales entre las partes, lo que implica que todas las empresas con contratos de transporte han de renovar las condiciones económicas de acuerdo a las fórmulas fijadas por la Administración en la condiciones generales de contratación.

«Estamos de acuerdo en que las partes deban tener en cuenta las variaciones del precio del combustible, no obstante, entendemos que no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la Administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto. Las fórmulas planteadas no tienen en cuenta parámetros tan relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida», ha señalado.

De esta forma, la patronal del gran consumo ha trasladado al Ministerio de Transportes su preocupación ante las medidas previstas y ha solicitado un encuentro con la titular del ramo, Raquel Sánchez, para tratar el verdadero impacto de la normativa sobre las empresas.

La asociación ha destacado que las empresas usuarias del transporte están «totalmente comprometidas» con el impulso de un transporte «moderno, eficiente y sostenible», que garantice condiciones laborales óptimas para todos los trabajadores de la cadena, pero también considera que las medidas propuestas no contribuyen a este objetivo y no resuelven algunos de los problemas que desde hace años viene acusando el sector.